Las empresas extranjeras nunca saben cuándo encontrarán un nuevo obstáculo en el Sahel. No importa que sean británicas, francesas o chinas. Ahora ha sido Níger quien dio un volantazo en su política energética y diplomática al ordenar la expulsión inmediata de los directores generales de tres grandes empresas chinas que operan en su territorio: Soraz, WAPCO y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC). La medida marca un antes y un después en las relaciones entre Niamey y Pekín, y surge en medio de una aguda crisis de combustible que ha paralizado gran parte del país. Las colas interminables en las estaciones de servicio han derivado en protestas ciudadanas y un creciente malestar social que merma la popularidad de la junta militar.

Las autoridades nigerinas acusan a estas compañías de haber provocado deliberadamente la escasez de gasolina que sufre la población desde hace semanas. Según fuentes oficiales, la refinería de Zinder (gestionada por Soraz, una empresa mixta con una mayoría de participaciones chinas) suministra apenas 23-25 camiones cisterna al día, cuando el país necesita al menos 38 para cubrir su demanda interna. A pesar de las repetidas solicitudes de la Compañía Nigerina de Petróleo (Sonidep) para que aumente la distribución y se alcancen los números deseados, Soraz no ha sido capaz de cooperar, según fuentes de Niamey, al priorizar sus propios intereses comerciales sobre las necesidades básicas del pueblo nigerino.

Pero la tensión va más allá del desabastecimiento. La junta militar nigerina ha denunciado repetidos incumplimientos de normativa vigente, que exige que los beneficios del sector energético contribuyan al desarrollo local. Algo que, al parecer, no está ocurriendo. La gota que colmó el vaso fue el descubrimiento de que varios altos ejecutivos chinos llevaban más de cuatro años ocupando cargos estratégicos en la CNPCNP (rama nigerina de la CNPC), infringiendo así la Ley nº 2012-45 del Código del Trabajo. Esta normativa estipula que los trabajadores expatriados no pueden ocupar posiciones clave de forma indefinida, dado que su objetivo consiste en promover la capacitación y el ascenso de profesionales nigerinos. El Ministerio de Petróleo nigerino emitió un contundente comunicado donde exigía la rescisión de todos los contratos que superen ese límite de tiempo, dando de plazo hasta el 31 de mayo para que los chinos abandonen el país.

Además, la reacción nigerina también tiene un trasfondo financiero. En marzo de 2024, la CNPC anticipó al gobierno una suma de 400 millones de dólares, con el compromiso de reembolsarla mediante futuras entregas de crudo. En aquel momento, el préstamo (que se utilizaría para la compra de combustible) se vio como la única forma de salvar la economía nigerina tras su ruptura con Francia y Estados Unidos. Sin embargo, meses después, Niamey se dijo incapaz de cumplir el acuerdo. Como represalia, CNPC congeló las cuentas de Soraz. El país ha dependido desde entonces en parte del suministro de combustible procedente de Nigeria, revirtiendo flujos que antes eran unidireccionales hacia el exterior.

Aunque los nuevos acuerdos con Nigeria han sido mostrados por la junta militar nigerina como una forma de diversificar su rango de proveedores, limitando su dependencia, la verdad es que son más los desafíos logísticos y económicos a los que se enfrenta. La infraestructura de transporte y almacenamiento en Níger es limitada, lo que dificulta la distribución eficiente del combustible importado. Por otro lado, la fluctuación de los precios internacionales del petróleo y la situación de inseguridad en la región amenazan con desestabilizar la regularidad del suministro. Las zonas fronterizas entre Níger y Nigeria, al fin y al cabo, están amenazadas por grupos terroristas y de bandidos que operan con casi total impunidad y que podrían afectar al suministro.

No se debe olvidar que Níger ya expulsó en marzo a tres ejecutivos petroleros de nacionalidad china, tras surgir una disputa por las disparidades entre los salarios del personal chino y los trabajadores locales. Ambas naciones están reequilibrando sus relaciones, aunque las tensiones son evidentes. Por un lado, las inversiones chinas han permitido a Níger explotar sus yacimientos de Agadem y construir infraestructuras claves, como el oleoducto hacia el puerto de Sèmè (Benín); por el otro, la junta militar nigerina sigue considerando que los beneficios del proyecto no han visto un reparto equitativo. Excusaron su postura en que la población local sufría de escasez mientras que los barriles de su petróleo salían del país para abastecer al mercado internacional. Una realidad común en otros países de la región, como Nigeria, que es el mayor productor de petróleo en África subsahariana pero que ha encadenado diferentes crisis vinculadas con el combustible a lo largo de su historia.

China aún no ha emitido una respuesta oficial a las expulsiones, aunque tampoco puede negarse que el rechazo a la permanencia indefinida de ejecutivos chinos tiene una carga simbólica. Igual que hizo al retirar su licencia de explotación de uranio a la francesa Orano, o Mali, considerando sus actuales desavenencias con Barrick Gold, este gesto se debe leer como un intento del gobierno nigerino de afirmar su soberanía.

La cuestión, vista la crisis que ha provocado su mala gestión (tanto a la hora de pedir el préstamo a la CNPC como a la hora de encontrar un sustituto sólido en Nigeria), es si el país tiene la estructura adecuada para ese cambio. Las autoridades ya han subrayado que no se tolerará que los recursos del país sigan siendo gestionados sin una transferencia efectiva de conocimientos y responsabilidades hacia los nigerinos. Veremos si los chinos se pliegan a su órdago.