Estados Unidos afronta un nuevo cierre gubernamental tras no haber llegado senadores republicanos y demócratas a un acuerdo a las 00:01 horas (06:01 en horario español peninsular) sobre la financiación federal. La Casa Blanca ha enviado en las últimas horas una circular a las agencias gubernamentales ordenándoles "implementar sus planes para un cierre ordenado" para la aprobación de la ley que establece el correspondiente plan presupuestario, conocida legalmente como H.R. 5371.

¿Por qué se produce este cierre (shutdown)?

Cada año, el Gobierno de EE. UU. necesita que el Congreso apruebe los llamados “proyectos de apropiaciones” para financiar las agencias federales y sus operaciones durante el año fiscal. Si esas leyes no se aprueban antes del 30 de septiembre, las partidas presupuestarias expiran y el Gobierno entra en lo que se conoce como cierre (shutdown).

En la noche estadounidense del pasado martes, republicanos y demócratas no lograron ponerse de acuerdo en un proyecto de financiación temporal para extender las operaciones hasta que se negocie el presupuesto completo. Un plan alternativo del ala republicana no consiguió los votos suficientes en el Senado (requería 60 apoyos y obtuvo 55), y la propuesta demócrata tampoco logró apoyos suficientes.

Como medida preventiva, la Casa Blanca mandó a las agencias federales iniciar planes para un “cierre ordenado”, instruyendo a departamentos a identificar funciones que pueden continuar frente a la falta de fondos.

¿Qué significa concretamente un cierre del Gobierno?

Un cierre no implica que todo se detenga, pero sí que los servicios considerados “no esenciales” sean temporalmente suspendidos o funcionen con personal mínimo.

• Servicios esenciales como las Fuerzas Armadas, la seguridad nacional, control de fronteras, control aéreo y organismos de emergencias permanecerán activos, aunque sus empleados podrían no recibir pagos hasta que el cierre termine.
• Algunos programas sanitarios, de investigación y de salud pública sí se verán afectados. Por ejemplo, se prevé que el 41 % del personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos sería suspendido si no se libera financiación, según informa Reuters.
• Parques nacionales, museos federales y otras instituciones culturales podrían cerrar o operar con plantilla reducida.
• Procesos judiciales federales funcionarían solo en lo esencial, con retrasos en casos no urgentes.
• Ayudas sociales, subvenciones y tramitaciones podrían verse ralentizadas, aunque algunos programas podrían tener fondos asegurados si se consideran gastos obligatorios o previos compromisos legales.

Además, el impacto económico se refleja en la paralización temporal de pagos federales: se estima que el cierre podría detener alrededor de 400 millones de dólares diarios en nóminas estatales y federales.

¿Quiénes se verán afectados?

• Empleados federales no esenciales: se calcula que unos 750.000 trabajadores podrían ser suspendidos sin salario hasta que el conflicto presupuestario se resuelva.
• Empleados esenciales: deberán seguir trabajando, pese a que su nómina quedará pendiente hasta el final del cierre.
• Viajeros y usuarios del transporte aéreo: aunque el control aéreo seguirá activo, algunos aspectos operativos, inspecciones y mantenimiento podrían retrasarse.
• Beneficiarios de programas públicos: quienes dependan de ayudas sociales, subvenciones, servicios regulados o trámites federales pueden enfrentar demoras, interrupciones o suspensión temporal de servicios.
• Investigación científica y salud pública: agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) o Centros de Control de Enfermedades (CDC) podrían perder personal y capacidad operativa reducida.
• Economía local y global: los efectos se sienten más allá de lo político. Empresas y gobiernos locales que dependen de fondos federales pueden quedarse sin soporte. También puede menguar el gasto del consumidor por la pérdida temporal de ingresos para muchos trabajadores.

¿Cuánto podría durar el cierre y qué sucede ahora?

No hay fecha fija: la duración dependerá de que el Congreso apruebe una nueva ley de financiación o una prórroga temporal. El cierre que duró más como referencia fue de 35 días bajo el gobierno de Donald Trump en 2018-2019. Experiencias pasadas muestran que eventos imprevistos, como bajas médicas en controladores aéreos, pueden desencadenar caos en transporte y presión política para desbloquear el cierre.

Para poner fin al cierre, ambas cámaras del Congreso deben aprobar una medida de financiación, que el presidente debe firmar. Alternativamente, pueden negociar cláusulas adicionales como extensión de subsidios médicos, ajustes en Medicaid o compromisos políticos para destrabar el bloqueo.

¿Qué cambia para la población durante el cierre?

Para la ciudadanía, el cierre implica incertidumbre: demoras en trámites federales, interrupciones en algunos servicios locales que dependen de fondos federales, posibles retrasos en pagos federales o subvenciones, y un ambiente de inestabilidad política y económica. Sin embargo, muchos servicios cotidianos (estado y local) seguirán operando con normalidad mientras no dependan de financiamiento federal directo.