La Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra dos líderes talibanes por crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este martes sendas órdenes de arresto contra el líder de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo afgano, Abdul Hakim Haqqani, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra mujeres, niñas y otras personas por razones de género.

"Si bien los talibán han impuesto ciertas normas y prohibiciones a la población en su conjunto, han atacado específicamente a niñas y mujeres por razones de género, privándolas de derechos y libertades fundamentales", reza el comunicado de la sala preliminar de la corte. A juicio de la CPI, las autoridades talibanes han privado a niñas y mujeres "de los derechos a la educación, la privacidad y la vida familiar, así como a la libertad de circulación, expresión, pensamiento, conciencia y religión". El fiscal de la CPI, Karim Khan, había solicitado a finales del pasado enero a los jueces la aprobación de dos órdenes de arresto contra los citados Ajundzada y Haqqani.

"Además, otras personas han sido atacadas porque ciertas expresiones de sexualidad o identidad de género se consideran incompatibles con la política talibán en materia de género", afirma el citado comunicado de la sala preliminar de la corte, agregando que estos crímenes se han cometido desde que tomaron el poder el 15 de agosto de 2021 hasta al menos el 20 de enero de 2025.

Asimismo, la CPI incluye a quienes se han descrito como 'aliados de niñas y mujeres', que han sido percibidos como "opositores políticos". En una fulgurante e inesperada operación militar, los insurgentes se hicieron con el poder en Kabul prácticamente sin resistencia de la extinta República Islámica afgana veinte años después de haber sido derrotados por las fuerzas estadounidenses y de la Alianza Atlántica.

En síntesis, las políticas generales practicadas por los talibanes en Afganistán durante los últimos cuatro años incurren en "graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población civil", incluyendo "actos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desaparición forzada".

Nuevas prohibiciones

Los talibán impusieron poco después de su vuelta al poder en agosto de 2021 una batería de restricciones a la vida pública, con el principal foco en las mujeres y las niñas. La entrada en vigor en Afganistán de la llamada Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio en agosto de 2024 contiene una disposición que esgrime que la voz de la mujer solo puede ser escuchada "en casos de necesidad".

Las mujeres de Afganistán tienen prohibido alzar la voz o escuchar música cantada por mujeres, según la citada legislación. Tampoco pueden hacer uso del transporte público sin estar acompañadas por un guardián masculino ni participar en juegos o cualquier otra forma de entretenimiento. Las restricciones impuestas a la población femenina también incluyen la prohibición de la educación secundaria a las niñas, el acceso a la universidad a las jóvenes del país e impedimentos al trabajo humanitario, así como la imposición de códigos de vestimenta.

Ajundzada tiene su bastión y su sede de poder en la provincia de Kandahar, la cuna de los talibán, mientras que la presencia de la red Haqqani es prominente en la capital del país, Kabul. Haqqani es un miembro enormemente respetado entre el movimiento por sus credenciales religiosas y es, junto al líder talibán, el clérigo más importante de la organización tras años de clases en la madrasa de Dar ul um Haqqania, en el noroeste de Pakistán.

Atribuyen la sentencia a una "expresión de enemistad" hacia el islam

Las autoridades talibanes no tardaron en reaccionar a la decisión de la CPI. A su juicio, las órdenes de arresto son "una clara expresión de enemistad y odio" hacia el islam y los musulmanes. "Calificar las leyes de la sharía islámica de opresivas o contrarias a la humanidad, y amenazar a quienes las aplican con detenerlos y procesarlos, es una clara expresión de enemistad y odio hacia la religión pura del islam y su sistema jurídico, y es un insulto a las creencias de todos los musulmanes", aseguraba este martes el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid. En un comunicado difundido en la red social X, el vocero gubernamental defiende que las autoridades insurgentes han garantizado en los últimos cuatro años "una justicia sin parangón basada en (...) la ‘sharía’".

Mujahid descartó además este martes cualquier posibilidad de acato a la corte puesto que las autoridades de Kabul "no reconocemos a ninguna entidad bajo el título de Tribunal Penal Internacional" y cargó contra el organismo por tomar esta decisión mientras "el genocidio está en curso en Gaza, Palestina, por el régimen sionista israelí y sus partidarios extranjeros". "Levantar consignas sobre los Derechos Humanos, la justicia (...) es una cuestión de vergüenza y desgracia", zanjó el citado portavoz talibán.