La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó hoy las mutuas acusaciones de genocidio por parte de Croacia y Serbia y a ambos les subrayó su responsabilidad en las muertes de civiles durante la guerra de los Balcanes. El presidente del alto tribunal de la ONU, Peter Tomka, leyó hoy la sentencia para ambos casos.

En primer lugar, señaló que "Serbia no cometió genocidio en Croacia durante la guerra"de los Balcanes, lo mismo que repitió poco después respecto a los croatas durante la Operación Tormenta que Zagreb desplegó en el verano de 1995, y en la que las víctimas fueron serbios y serbocroatas en su territorio.

La CIJ subrayó la "responsabilidad"de Belgrado y de Zagreb, respectivamente, "por no prevenir el genocidio". Tomka indicó que para formalizar una acusación por genocidio "es necesaria la intención deliberada de acabar con los miembros de un grupo, ya sea física o psicológicamente", y añadió que "la corte no reconoce pruebas suficientes para demostrar estas evidencias".

"La Corte encuentra condiciones de genocidio en algunos pero no en todos los casos analizados y presentados en el caso que enfrenta a Croacia y Serbia"en relación a los acontecimientos acaecidos entre 1991 y 1995, durante las guerras de descomposición de la antigua Yugoslavia, agregó el magistrado.

Durante la lectura de la sentencia, Tomka añadió que "Serbia no puede ser acusada de genocidio en (la ciudad de) Vukovar ya que no existía como Estado en ese periodo". El presidente de la CIJ se refirió "al gran número de muertes cometidas"durante ese conflicto, pero dijo que no podía concluir con un total exacto, e instó a la colaboración entre ambas partes para la identificación y de las personas todavía hoy desaparecidas.

"La antigua Yugoslavia era un estado socialista creado antes de la Convención"para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, dijo Tomka, que agregó que lo ocurrido "no constituye una violación de la convención ya que no existían como estado antes"de la existencia de ese pacto internacional.

Croacia acudió el 2 de julio de 1999 a la CIJ para acusar a la República Federal de Yugoslavia (RFY, de la que Serbia es heredera), de haber violado la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio en su territorio entre 1991 y 1995. Como base para justificar la jurisdicción de la CIJ, Croacia invocó el artículo IX de la convención de 1948, de la que, alegó, formaba parte también Serbia.

En 2002, Serbia presentó algunas objeciones preliminares sobre la jurisdicción y la admisibilidad del caso, pero en 2008 la Corte se declaró competente para tramitar la denuncia de Croacia contra Serbia por genocidio, pero precisó que esta decisión podría ser revisada en el fallo final.

Belgrado también acusó a Zagreb de violar la convención de 1948 durante la llamada "Operación Tormenta"de 1995, con el fin de "destruir a los nacionales serbios y el grupo étnico en Croacia como tal, sobre todo en Krajina".