El alcalde de Portofino, Matteo Viacava, ha implementado una nueva ordenanza que prohíbe la mendicidad y regula comportamientos asociados al ocio veraniego en esta reconocida localidad costera de la Riviera ligure con la intención de controlar el turismo masivo y sus consecuentes desafíos sociales y económicos.

La medida ha generado intenso debate sobre la gestión turística en una de las zonas más privilegiadas de Italia, debido a que restringe acciones como caminar descalzo, hacer picnic o beber alcohol en la calle, lo que se percibe como una limitación directa a las libertades tradicionales de los visitantes.

La situación ha derivado en que Portofino, considerado el municipio más rico de Italia, se enfrente a una compleja situación turística marcada por políticas que favorecen actividades selectivas, lo que se suma a la reciente controversia sobre el alquiler de la piazzetta a multimillonarios para celebraciones privadas. Como consecuencia, ha quedado sentada la tensión existente entre residentes y visitantes, especialmente con turistas británicos que han manifestado su inconformidad.

Impacto y consecuencias de las nuevas restricciones

El Daily Mail ha catalogado estas medidas como una "brutal represión", destacando las prohibiciones que afectan directamente la experiencia turística tradicional. Adicionalmente, las restricciones han generado preocupaciones sobre el trato a los visitantes e incluso especulaciones sobre posibles boicots contra Portofino.

Por su parte, Viacava argumenta que su objetivo es preservar la esencia local y promover un turismo más "selectivo". Sin embargo, la situación se complejiza considerando que el propio alcalde es empresario local, dueño de una tabacchería de souvenirs, resultando en un potencial conflicto de intereses que añade una dimensión adicional a la controversia, a la vez que planteando interrogantes sobre los verdaderos móviles de las restricciones.

La comunidad local observa expectante, debatiéndose entre el deseo de preservar su identidad y la necesidad de mantener un flujo económico sustentable, dado que algunos consideran que las nuevas regulaciones representan un delicado equilibrio entre la conservación cultural y las demandas de un mercado turístico globalizado, mientras que otros no vacilan en mostrar su preocupación frente a una posible reducción del flujo turístico.