Dos palestinas, un conflicto

La población, víctima del enfrentamiento entre el Gobierno islamista y la ANP, está al borde de una situación de emergencia.

Al cumplirse hoy el primer decenio desde que la organización terrorista palestina Hamas tomó el poder absoluto en la Franja de Gaza, el territorio bajo su control se halla al borde de una nueva crisis. Cabe recordar que en las elecciones legislativas de 2006, el Movimiento de Resistencia Islámica había obtenido la mayoría parlamentaria, pero acusó a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de no respetarlo y en junio de 2007 lanzó una abierta ofensiva contra sus adversarios políticos para hacerse con el poder absoluto en la franja.

Y diez años después se mantiene esa abierta hostilidad entre Hamas y la ANP, que gobierna Cisjordania desde Ramala. Pero esto no se debe solamente al conflicto que estalló años atrás, sino a la conciencia de la Autoridad Palestina de que Hamas intenta fortalecer su presencia en Cisjordania, con miras a derribarla también allí.

Esta tensión interna cobra un alto precio a la población palestina de la franja, que lidia con numerosos desafíos, entre ellos las serias limitaciones en el suministro de la electricidad.

Desde hace ya mucho tiempo que los gazatíes no disponen más que de entre cuatro y seis horas de electricidad por día.Y ello seguramente se agravará casi de inmediato, al pedir la ANP a Israel que reduzca su abastecimiento, a lo que el gabinete de seguridad israelí accedió parcialmente. La decisión fue aprobar una reducción del 35%, con lo que se intentó maniobrar entre la posición israelí contra Hamas como organización terrorista y, por otro lado, el riesgo de una crisis humanitaria que afecte a la población civil.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aclaró ayer que «ésta es una discusión interna palestina, ya que Hamas exige que la Autoridad Palestina pague por la electricidad de Gaza, pero la ANP rehúsa hacerlo». En Israel preocupa que las eventuales derivaciones de esta tensión entre los propios palestinos se puedan sentir directamente en el país, que es quien suministra en la práctica la electricidad. Esta semana, al aprobar el Gabinete israelí la reducción, Hamas publicó un comunicado advirtiendo de que «esto aumenta el riesgo de una explosión».

Y éste es precisamente el dilema con el que lidia Israel: de fondo siempre está el riesgo de que el agravamiento de la situación de la población sea utilizada por Hamas como excusa para volver a lanzar cohetes contra el sur. Al mismo tiempo, el grupo islamista toma de rehén a su propia población, según ha afirmado repetidamente Israel, que acusa a Hamas de esconder misiles y armas en casas particulares e inclusive de haber lanzado cohetes desde escuelas y hospitales. Hace pocos días, la propia la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció haber detectado un túnel excavado por el Movimiento de Resistencia Islámica debajo de una de sus escuelas.

«Israel no tiene interés alguno en una escalada», aseguró Netanyahu. «Estamos interesados en nuestra seguridad y nuestra política al respecto se mantiene intacta». A decir verdad, Israel estima que tampoco Hamas está interesado en un nuevo enfrentamiento. Pero nadie puede garantizar que la situación no se escape de las manos.

En su primera década en el poder, los islamistas no han logrado mejorar en nada la situación de la población palestina. Su control es absoluto y totalitario y la población no vive en libertad. El porcentaje de desempleo es alto y gran parte de los recursos de Hamas son canalizados a su infraestructura armada y la construcción de túneles, incluida parte de la electricidad, y no a la población.

En estos momentos en los que teme se tambalee su principal apoyo económico desde Qatar, el Gobierno islamista se vuelve a acercar a Irán, adonde prevé viajar su líder, Ismail Haniya. La organización continúa bregando por la resistencia –que Israel llama terrorismo– y promete que jamás le reconocerá como Estado.