El chavismo entra en vía muerta

John Kerry urge al Gobierno bolivariano a no retrasar más la convocatoria del referéndum revocatorio. Un juzgado de Nueva York procesa a los ex jefes de la agencia antinarcóticos de Venezuela por tráfico de drogas

El futuro de Venezuela se encuentra en las manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que de su decisión podría depender que los venezolanos recorran el camino de la transición o se echan a las calles para protestar contra el autoritarismo. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lleva meses esperando a que la máxima autoridad electoral valide las firmas a favor del referendo revocatorio. Ayer, sin más dilación posible, debería de haberse pronunciado. También se esperaba que anunciase si anulaba o no las credenciales de la coalición opositora.

El pronunciamiento de ese organismo es necesario para que la alianza antichavista pueda cumplir con el siguiente requisito: recoger 3,9 millones de rúbricas, equivalentes al 20% del padrón electoral e imprescindibles para convocar al plebiscito. Al cierre de esta edición, dicho pronunciamiento se había producido, pero en cambio, el alcalde del municipio Libertador, de Caracas, Jorge Rodríguez, aseguró que debido a las más de 8.600 denuncias que asegura fueron introducidas por los ciudadanos en tribunales de las regiones, el revocatorio solicitado «está legalmente muerto». «Este fue el más grande fraude electoral en la historia de Venezuela. 10.995 fallecidos aparecen firmando, 9.333 cédulas inexistentes, 3.000 menores de edad y más de 1.300 personas inhabilitadas que aparecen firmando», puntualizó el alcalde en las inmediaciones del Poder Electoral. El argumento del fraude electoral puede servir al chavismo para perseguir a la coalición opositora, la MUD, a la que se le podría retirar sus credenciales de partido político e inhabilitar, aunque sea temporalmente, a sus miembros.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry urgió al Gobierno venezolano «a no jugar al juego del retraso para dar ventaja a un lado frente al otro, en lugar de dar ventaja a la democracia y al respeto de la Constitución del país», dijo con respecto a la consulta popular. Mientras tanto, la agencia Reuters desveló ayer que un juzgado de Nueva York ha imputado al ex jefe de la agencia venezolana antinarcóticos, Néstor Reverol, y al que fuera el subdirector de dicho organismo, Edilberto Jose Molina, acusados de tráfico de drogas entre 2008 y 2010. Ambos habrían utilizado sus cargos para permitir cargamentos de droga hacia EE UU a cambio de dinero. Desde su posición, habrían alertado con antelación a los capos para que eludieran las inspecciones de las autoridades antinarcóticos del país.

El desgaste del régimen es cada vez mayor, pero no sólo fuera del país. Un estudio de la consultora venezolana Hercon afirma que el 81,4% de los encuestados votaría en contra de Maduro en un eventual referendo revocatorio.

El periodista venezolano y experto en temas electorales Eugenio Martínez afirma ese diario que si la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, entrega a la oposición la aprobación del 1% de las firmas, existen unos lapsos que se deben cumplir para completar el mecanismo que dejaría fuera del poder a Maduro. Y en ese sentido, dijo que «la recolección del apoyo del 20% de las personas inscritas en el padrón electoral podría darse entre el 10 y 12 de septiembre, por lo que el referendo podría celebrarse «a partir de la segunda quincena de octubre».

Martínez añadió que los técnicos del Consejo Nacional Electoral estiman que las elecciones regionales puedan darse el 11 de diciembre y el revocatorio antes de ese mes. Si la MUD deja de ser reconocida como partido, sus diligencias para llamar al referendo revocatorio podrían quedar anuladas y el de Venezuela se convertiría virtualmente en un sistema de partido único. Esto sería sólo por un tiempo, ya que seguramente los distintos grupos segmentados se organizarían de nuevo para presentarse por separado, aunque sin posibilidades de enfrentar al chavismo.

La hoja de ruta ya la marcó otro de los países de la órbita bolivariana, Nicaragua, donde se suspendió la inscripción de la coalición de partidos opositores y, en consecuencia, todos sus representantes en el Parlamento perdieron sus escaños.

En Venezuela no hay ninguna institución que pueda evitar que el Gobierno de Nicolás Maduro pueda dilatar el proceso utilizando artimañas para ganar tiempo. Si el plebiscito se celebra el año que viene, la ley electoral marca que sería el vicepresidente, marcado previamente por Maduro, el que tomaría las riendas del país.

La posibilidad de retrasar el referéndum podría cortar el diálogo con la oposición, llevando a sus seguidores a la calle con riesgo de nuevos enfrentamientos violentos entre oficialistas y antichavistas. Esta medida sumiría al país en el caos pero también le daría la excusa perfecta a Maduro para utilizar la fuerza y otras medidas especiales. En este papel apaciguador podría ser clave la figura del Vaticano. Preguntado por si la Santa Sede podría mediar en la situación de Venezuela, Francisco afirmó que el Vaticano podría ser el cuarto interlocutor en el grupo de mediación, en el que participan los ex presidentes Martín Torrijos (Panamá), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Leonel Fernández.