Inmigración ilegal

El flujo de inmigrantes desata otra crisis griega

Tsipras anuncia un plan de urgencia para gestionar a los 124.000 inmigrantes que han llegado este año a sus costas

Un refugiado sirio lleva en brazos a un niño tras llegar la isla griega de Lesbos
Un refugiado sirio lleva en brazos a un niño tras llegar la isla griega de Lesboslarazon

Como si de una tormenta perfecta se tratara, Grecia vuelve a pedir auxilio. Esta vez no para hacer frente a la necesidades financieras que golpean a la nación helena, sino para que los Veintiocho reconsideren su política migratoria. «Ahora es el momento de ver si la Unión Europea es la UE de la solidaridad o una UE en la que todos están tratando de proteger sus fronteras», afirmó su primer ministro Alexis Tsipras, quien ayer se reunió con varios ministros de su gabinete para dar respuesta a la crisis migratoria.

Precisamente ayer, ACNUR, el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, cifró en 225.000 las personas llegadas a la UE de enero a julio de este año. La mitad de ellos fueron a parar a Grecia. Según Acnur, en las islas griegas han desembarcado este año unas 124.000 personas y 50.000 sólo en este julio, 20.000 más que el mes anterior. Los desembarcos en Grecia han aumentado un 750 por ciento entre el 1 de enero y el 31 de julio con respecto al mismo periodo del año pasado. Un récord sin precedentes. «Hay un caos total en las islas griegas, no hay lugares de cobijo. Pedimos al Gobierno de Grecia que asuma el liderazgo y la coordinación de la repuesta a esta emergencia», pedía Vincent Cochetel, responsable para Europa de este organismo. Tras una reunión del Gobierno heleno para tratar la cuestión en la oficina de la viceministra griega de Inmigración, Tasia Jristodulopulu, Tsipras explicó que el Gobierno ha elaborado un proyecto para hacer frente al problema. En concreto, se refirió a una intervención directa que facilite las llegadas seguras a las islas, el fortalecimiento de las infraestructuras de asilo y la aceleración de los procesos para constituir inmediatamente una autoridad de gestión en materia de migración bajo el marco europeo.

La Comisión Europea (CE) pide a Atenas la creación de ese ente desde julio de 2014 para poder facilitar el desembolso de los fondos comunitarios destinados a esta cuestión. En una conversación con el primer ministro, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, comunicó esta semana que Grecia no ha absorbido los fondos de 500 millones euros que están disponibles para el país, por lo que Tsipras decidió ponerse al frente y convocar la reunión.

El jefe del Gobierno griego abogó además por fortalecer el debate y la cooperación con los estados vecinos, en particular con Turquía, por donde pasan más de 2 millones de refugiados, y subrayó que se deben iniciar conversaciones con otros países, como Siria y Libia. Grecia no es la única que lanza una señal de SOS. A la CE se le está terminando la paciencia. O mejor dicho: a la agencia Frontex, encargada de la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Pese a los discursos altisonantes y las palabras enfáticas de estos últimos meses, los líderes europeos no están cumpliendo lo que prometieron y los efectivos no llegan. Todo esto a pesar de que los fondos para las misiones civiles de «Poseidon» y «Triton», que vigilan las costas italianas y griegas, se han triplicado. Pero todo esto, en una cruel paradoja, no sirve de nada, ya que tan sólo se ha puesto en circulación el 16% de los medios técnicos comprometidos y el 20% de los humanos.

La fecha límite era el 31 de julio y los gobiernos europeos no la han respetado. Faltan aviones, helicópteros, buques y guardias fronterizos. La agencia incluso se plantea acudir a empresas privadas ante lo perentorio de la situación.

Según ha explicado el ejecutivo comunitario, ha recibido una misiva de auxilio por parte de la Agencia, que se encuentra desbordada por la situación. «Nos unimos a Frontex en su llamamiento a los estados miembros a que presenten los recursos necesarios tan pronto como sea posible», señaló la portavoz comunitaria de Interior, Natasha Bertaud, a la vez que recordaba que «las palabras tienen que venir seguidas por medidas concretas», más aún después del mensaje unánime de los Veintiocho. El día 23 de abril se convocó una cumbre urgencia por parte de la UE tras el naufragio que costó la vida a más de 700 personas, unos hechos que escandalizaron a la opinión pública europea. Este encuentro supuso, al menos sobre el papel, un giro en la política migratoria europea. Un giro que no ha llegado a materializarse, por el distinto grado de compromiso que existe entre países miembros. Estos llamamientos de producen después de que los Veintiocho no llegaran a un acuerdo para el reparto de 40.000 refugiados situados en Grecia e Italia.