Grecia salda sus deudas

Atenas paga al BCE y al FMI tras recibir 7.000 millones de la UE. Tsipras mantiene que no adelantará las elecciones

Grecia recupera lentamente la normalidad, al menos financiera. Atenas pagó ayer 4.200 millones de euros al Banco Central Europeo (BCE) por vencimientos de bonos e intereses, gracias a la transferencia de un crédito de la Unión Europea de 7.160 millones de euros justo ayer mismo. Unos movimientos bajo el pitido final para evitar el «default» del país heleno.

Con ese monto el Gobierno griego pudo hacer frente, además, a los 2.000 millones de euros que debía al Fondo Monetario Internacional (FMI), un pago atrasado desde el 30 de junio. Con ese desembolso, el país heleno logró saldar su deuda con el organismo internacional y tacharse de la lista de morosos. El crédito de los socios también servirá para cubrir el próximo compromiso de deuda con el BCE, que está fechado para el 20 de agosto.

Ese restablecimiento de la calma con las obligaciones financieras del país no se ha traducido en el plano político. Pese a la remodelación en algunos cargos ministeriales la semana pasada, el Gobierno izquierdista pende todavía de un hilo. Mañana se enfrenta a otra votación clave en el Parlamento, que debe aprobar la segunda ronda de medidas exigidas por los acreedores para negociar el tercer rescate. Entre Syriza y su socio menor de coalición, Griegos Independientes, suman 163 escaños. En la última sesión parlamentaria, 39 diputados izquierdistas negaron su apoyo al Gobierno. Según la Constitución helena, el Ejecutivo puede gobernar en minoría con al menos 120 escaños. Es decir, las disidencias en las filas de Syriza ponen entre las cuerdas al primer ministro, Alexis Tsipras, que, si pierde el apoyo de tres diputados más, se encontrará en serios problemas.

Por eso, varios miembros de su gabinete han alzado la voz para pedir el respaldo de los suyos. El ministro de Estado, Nikos Pappas, aseguró que «el voto sistemático en contra (del Ejecutivo) no es compatible con un camino común», aunque matizó que el primer ministro «será el último que optará por la escisión del partido». Una opción que nombró en forma de amenaza el líder de la facción radical de Syriza, Panayotis Lafazanis, recién expulsado de su cargo como ministro de Energía.

El propio Pappas, colaborador cercano a Tsipras, tachó de «inexplicable» la postura de algunos de los diputados díscolos, como Lafazanis, de «apoyo al Gobierno, por eso voto en contra». En ese sentido, el ministro de Estado reprochó a los disidentes no haber dado alternativas contra la austeridad y los programas de rescate en ninguna de las reuniones. Un órdago que lanzó el propio primer ministro griego en su último discurso en el Parlamento. Asimismo, los nuevos ministros de Energía y Trabajo –dos hombres de confianza de Alexis Tsipras– pidieron la unidad del partido para la «crítica votación» a la que se enfrenta el Gobierno.

A pesar de esas advertencias, la brecha en Syriza se ensancha cada vez más. El ex viceministro Dimitris Stratoulis, uno de los destituidos, insistió en que luchará «para que no se cancelen permanentemente los compromisos asumidos en el programa de Syriza», muy alejado de la realidad actual. Pese a esas divisiones internas, el Ejecutivo heleno descarta ahora la convocatoria de elecciones anticipadas, tal y como informó la nueva portavoz del Gobierno griego, Olga Yerovasili. Una decisión contraria a los anuncios realizados la semana pasada por varios ministros. Las contradicciones y la confusión siguen siendo la tónica en el seno de Syriza, quizá como estrategia política, para rescatar ahora al partido de la posible ruptura.