El imperio de la Ley bajo el partido único

La asamblea anual del Partido Comunista Chino discute en Pekín una reforma judicial para perseguir la corrupción, sin renunciar al control absoluto sobre los tribunales

Con el habitual hermetismo y discreción que caracteriza sus tomas de decisiones, el régimen chino inició ayer su cita más importante del año. El IV Pleno del Partido Comunista es la reunión anual en la que se aprueban las reformas políticas que marcarán el próximo año de legislatura. En esta ocasión, por primera vez en su historia, estudiarán la reforma del Poder Judicial y su particular Estado de Derecho. Una cita que llega justo cuando la tensión en las calles de Hong Kong sigue latente y con la incógnita de si los líderes chinos aprovecharán esta cita para expulsar del partido al ex ministro de Seguridad Zhou Yongkang, sobre quien pesa una investigación por corrupción.

En un discreto hotel de Pekín, a puerta cerrada y sin prensa acreditada, excepto la oficial, los 205 miembros del poderoso Comité Central del partido permanecerán concentrados hasta el jueves. Un encuentro para el que en julio la agencia Xinhua ya anunció que se centraría en el principio de «gobernar el país conforme a la ley» para garantizar «el crecimiento económico, la gestión transparente y la justicia social». Pero estos conceptos poco o nada tienen que ver con el significado que el «Estado de Derecho» tiene en Occidente, donde conlleva la separación de poderes y la Ley tiene la última palabra. En el caso de China, es el Partido Comunista el que define y aplica la Ley.

Sin embargo, estas reformas del sistema judicial, lejos de garantizar una mayor transparencia así como la independencia de los jueces, los analistas y disidentes coinciden en que sólo servirá para reforzar la autoridad del presidente Xi Jinping. En lo que lleva de mandato, el líder chino ha mostrado una clarísima mano dura ante cualquier atisbo de disidencia bajo el pretexto de «mantener la estabilidad» social. «Creo que un país gobernado por la ley fundamental tiene que mantener la estabilidad en el marco de la legalidad. Para mantener la estabilidad social, el poder debe ceñirse al sistema. La ley no se puede aplicar de manera arbitraria», explica Chen Guangzhong, profesor y miembro del Tribunal Supremo chino. Precisamente, la confianza en los jueces por parte de la población es bajo. La etapa del ex ministro de Seguridad Zhou Yongkang dejó una imagen negativa de la Justicia del país, ya que otorgó más poder a las fuerzas del orden que a los propios jueces. Para corregir esa tendencia, la Comisión de Reforma anunció que dotaría de más competencias a los jueces frente a las autoridades municipales, hasta ahora encargadas de nombrar a los magistrados. Este poder permitía a los gobiernos locales manipular a los jueces con sobornos o promesas de promoción según sus intereses, limitando el poder de las cortes judiciales, que ven más de once millones de casos al año. En esta misma línea, está previsto que, durante o al final de este IV Pleno, el Comité Central del Partido Comunista anuncie la expulsión de sus filas del llamado «zar de la Seguridad», Zhou Yongkang. Zhou era un ministro de Seguridad Pública entre 2002 y 2007. Luego se convirtió en secretario de Política y Ley de la Comisión del partido, dándole el dominio sobre las agencias estatales responsables de «mantener la estabilidad». Su posible purga fue avanzada hace unos días por el oficialista «Diario del Pueblo», que también señaló la posibilidad de que fuera juzgado por corrupción, tal y como se ha venido especulando desde su caída en desgracia en verano del año pasado. En los últimos meses, todo su entorno familiar y de confianza se ha visto sometido a investigaciones por corrupción y abuso de poder. En caso de que, finalmente, se siente en el banquillo, será el procesamiento contra el más alto dirigente político de China desde el juicio a la mujer de Mao, Jiang Qing, y la «Banda de los Cuatro» por los excesos de la Revolución Cultural (1966-1976).

Inevitablemente, estos días de plenario también se discutirá sobre las protestas democráticas de Hong Kong, que ya enfilan su cuarta semana. Hoy está previsto que cinco representantes del gobierno se reúnan con cinco miembros de la Federación de Estudiantes en una cita que será televisada, tal y como exigieron los estudiantes. Ésta será la primera ronda de conversaciones y los líderes de Pekín atenderán con lupa la respuesta del ejecutivo hongkonés, en quien han delegado la resolución del conflicto.

La sombra de Hong Kong

Un días antes de arrancar el diálogo, el Tribunal Supremo de Hong Kong emitió una medida cautelar para prohibir la ocupación en el barrio de Mong Kok. El mandato judicial obedece a la demanda interpuesta por varios operadores de transporte público de Hong Kong para que las calles tomadas por barricadas volvieran a recuperar la normalidad cuanto antes. Un abogado que representa a este grupo aseguró que las manifestaciones, con el consiguiente bloqueo de varias carreteras y la interrupción del transporte público, han causado pérdidas a las empresas de taxis y autobuses.

Estas protestas suponen el mayor desafío pro democrático a la autoridad del régimen comunista desde las protestas de Tiananmen, que este año han cumplido su vigésimo quinto aniversario. La estrategia de Pekín era dejar que el movimiento pro democrático se desgastara, pero el plan se está alargando más de lo previsto. Con las reivindicaciones de Hong Kong latentes, son muchas las voces en otras grandes ciudades de China que reivindican una defensa de las libertades individuales para mantener la estabilidad social y confían en que este plenario las garantice. Unas reivindicaciones de la que son conscientes los líderes chinos, que esperan acometer unas reformas contundentes para legitimar su poder.