Dos comités del Parlamento británico publicaron hoy un informe conjunto en el que reclaman al Gobierno multar a las empresas que imponen a sus trabajadoras un código de vestimenta sexista, como llevar tacones altos o faldas cortas.

Tacones de «entre cinco y diez centímetros», faldas cortas, blusas desabrochadas, uñas pintadas y retoques constantes del maquillaje. Éstos son algunos de los requisitos que empresas de Reino Unido exigen a sus trabajadoras, que en ciertos casos se tienen incluso que teñir el pelo del color que demanden sus superiores. La Ley de Igualdad de 2010 se aprobó en Westminster para proteger a los empleados de la discriminación de género en su lugar de trabajo. Sin embargo, en la práctica, la normativa parece no aplicarse y es por eso por lo que los diputados exigieron ayer al Ejecutivo de Theresa May –la segunda mujer que se ha mudado a Downing Street en la historia del país– hacer cumplir la ley para acabar con comportamientos sexistas.

Las comisiones de Peticiones y de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) publicaron ayer un informe donde se recogen las actitudes denigrantes que centenares de mujeres sufren cada día en sus puestos de trabajo, donde, a diferencia de sus compañeros varones, tienen que seguir unas pautas de vestimenta que sobrepasan los límites establecidos, como por ejemplo, ocultar las raíces en su cabellera si llevan algún tipo de tinte o lucir un específico color de laca de uñas.

Las dos comisiones pusieron en marcha una investigación tras la petición lanzada en 2016 por Nicola Thorp, que fue enviada a su casa –sin cobrar el sueldo correspondiente de la jornada– tras negarse a ponerse tacones «de entre cinco y diez centímetros» para desempeñar sus tareas, que consistían en acompañar a los clientes desde la recepción hasta los despachos en los que tenían cita.

Esta actriz, hoy de 28 años, fue contratada por una firma de trabajo temporal, Portico, para ejercer como recepcionista en las oficinas de PwC en Londres. Desde el primer día, manifestó sus problemas para trabajar a jornada completa con los tacones que le exigían, de entre cinco y diez centímetros. Por ello pidió que se le permitiera ir a su puesto con zapatos planos, pero cuando decidió hacerlo, la mandaron a su casa.

Su petición para que en Reino Unido se ilegalice el hecho de que los empleadores obliguen a las mujeres a llevar tacones al trabajo ha conseguido más de 150.000 firmas. Cualquier petición ciudadana que supere las 100.000 debe ser debatida en el Parlamento y la de Thorp se discutirá el próximo 6 de marzo.

Pero el problema de desigualdad no se ciñe sólo al uso de tacones, cuando las comisiones parlamentarias han estado investigando la cuestión, se han encontrado con que los zapatos son tan sólo la punta del iceberg. Centenares de mujeres confesaron haber sido víctimas de normas sexistas, como por ejemplo tener que llevar los primeros botones de sus blusas desabrochadas para aumentar determinadas ventas en Navidad. Y es que para elaborar el informe que ha hecho público el Parlamento británico se ha pedido la participación de todas las mujeres que se hayan visto afectadas por algún código machista.

El mismo código de vestimenta original –a raíz de la denuncia de Thorp lo han modificado– de la firma de trabajo temporal, Portico, que contrató a la joven, especificaba, entre otros, «reaplicación de maquillaje y lápiz labial, rímel, sombra de ojos y base; laca de uñas de una paleta de colores específica; grosor de medias; no raíces visibles en el cabello teñido».

«No es suficiente que el método de la ley sea claro, también debe funcionar en la práctica», aseguró en un comunicado la presidenta de la comisión de Peticiones, Helen Jones. «Tras haber escuchado las historias de varias personas está claro que la de Nicola no es la única», añadió. Una de las quejas que se refleja en el informe es la falta de respuesta por parte del Ejecutivo. «El Gobierno se comprometió a dar una respuesta en 21 días», pero «han tardado 40 días en pronunciarse», destacan los ponentes que además aseveran que la respuesta es bastante parca. Simplemente remarca que «el código de vestuario de las empresas debe ser razonable y similar tanto para hombres como para mujeres. Esto es lo que marca la ley y deben ceñirse a ella».

Los testimonios que se recogen son un reflejo de las situaciones de discriminación que deben soportar muchas mujeres de Reino Unido. Ruth Campion, azafata, afirma que el tipo de ropa que le obligan a llevar «me hace sentirme muy incómoda. Personalmente, creo que es bastante deshumanizador y humillante tener que llevar ciertas prendas para mostrar mi sexualidad. El uniforme de los hombres, sin embargo, no lo buscan. Ellos parecen muy inteligentes, con un aspecto impecable, pero sin tener que demostrar nada». Campion, además, también denuncia el acoso que sufren las azafatas más jóvenes: «El acoso que sufren algunas de mis compañeras es indignante, sobre todo a través de las redes sociales».

Otra mujer, Emma Birkett, que trabaja en ventas, asegura que «me sentí ofendida cuando me pidieron que intentara conseguir más clientes luciéndome, a pesar de que yo era muy buena comercial y sólo necesitaba utilizar mis habilidades y el conocimiento que tenía del producto para vender más. Me ofendía pensar que mi jefe confiaba tan poco en mi profesionalidad y más en la ropa que llevaba».

Por su parte, Sam Smethers, de The Fawcett Society, una sociedad benéfica que promueve los derechos de las mujeres, señaló: «Las empresas necesitan centrarse en la productividad y en hacer que su personal se sienta parte de un equipo, no en un par de tacones».