Luz verde al veto migratorio de Trump

Por cinco votos contra cuatro, el Supremo respalda la orden ejecutiva que prohíbe la entrada en EE UU a los ciudadanos de cinco países musulmanes. El veredicto considera legítimo impedir la entrada a personas que no pueden ser investigadas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que el veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump a los inmigrantes de siete países, cinco de ellos de mayoría musulmana, está dentro de los límites de la Constitución y, por tanto, es legal. A partir de ahora los ciudadanos de Yemen, Irán, Libia, Somalia, Siria, Corea del Norte y Venezuela tendrán muy difícil, por no decir imposible, que las autoridades migratorias les autoricen para viajar, estudiar y/o trabajar en EE UU.

Ni que decir tiene, Trump saludó eufórico la sentencia nada más conocerla, y la calificó de «tremenda victoria para el pueblo estadounidense y la Constitución». «Esta decisión», abundó en un comunicado, «es también un momento de profunda reivindicación después de meses de comentarios histéricos en los medios y por parte de los políticos demócratas, que se niegan a hacer cuanto sea necesario para asegurar nuestra frontera y nuestro país».

Se trata, en efecto, de uno de los triunfos más resonantes para una Administración demasiado acostumbrada a los reveses judiciales. Una reivindicación de los postulados del Departamento de Estado bajo Trump y una reivindicación del propio presidente y su programa de gobierno, pues hizo del veto migratorio uno de sus asuntos más emblemáticos de su programa y, desde que entró en vigor la primera de sus versiones, no había hecho más que cosechar varapalos.

Por cinco votos contra cuatro, los jueces han dado luz verde a la tercera versión del veto. Cabe recordar que la primera de estas versiones, activada como una orden ejecutiva nada más alcanzar Trump la Casa Blanca, fue recibida con una salva de ataques a derecha e izquierda, así como por una batería de demandas judiciales en los tribunales. Casi inmediatamente hubo una segunda versión, que supuestamente trataba de limar los aspectos más controvertidos de la primera, y que también acabó paralizada por los jueces. La tercera y última, la que ayer validó el Tribunal Supremo.

Lo que estaba en juego, al cabo, era determinar si el veto tenía un trasfondo de discriminación religiosa y, por tanto, violaba la Constitución de Estados Unidos, o si podía explicarse y justificarse desde unos parámetros centrados en la seguridad nacional y la potencial amenaza del terrorismo yihadista. Muy posiblemente la inclusión de Venezuela y Corea del Norte a la lista original dinamitó la argumentación de quienes denunciaban el sesgo religioso e ideológico de la medida. Y eso que fueron las declaraciones del propio Trump, sus eslóganes en los mítines, sus repetidos tuits, los que parecían justificar las precauciones. Hasta el punto de que el ponente de la sentencia, el juez John G. Roberts, a la sazón presidente del Tribunal Supremo, ha escrito que «el problema no es si denunciamos las declaraciones», sino «la posibilidad de que se sean relevantes respecto a una directiva presidencial, al abordar un asunto que afecta de lleno al núcleo de la responsabilidad ejecutiva». En su opinión, y en la de sus colegas en el Tribunal que votaron en el mismo sentido, la medida se basa «expresamente en fines legítimos, al impedir la entrada de ciudadanos que no pueden ser investigados adecuadamente e induce a otras naciones a mejorar sus prácticas».

«Mientras yo sea presidente –declaró Trump– defenderé la soberanía y la seguridad del pueblo estadounidense que sirva a los intereses de EE UU y sus ciudadanos. Nuestro país siempre estará a salvo, seguro y protegido conmigo». Eso sí, ninguno de los terroristas que participaron en los atentados del 11-S de 2001 y ninguno de los yihadistas que han atentado en EE UU desde entonces habían emigrado de ninguno de los países incluidos en la lista. El 85% de ellos eran ciudadanos nativos o nacionalizados estadounidenses.

La respuesta en contra ha sido igualmente exuberante. La líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, alertó de que el veto migratorio debilita la lucha antiterrorista. «La cruel prohibición del presidente Trump debilita nuestra lucha contra el terror y ofrece a nuestros enemigos una nueva y poderosa herramienta de reclutamiento, haciendo que Estados Unidos sea menos seguro, nada más», indicó.

Por su parte, el senador demócrata Chris Coons escribió que «la sentencia del Tribunal Supremo puede haber determinado que la prohibición de viajar del presidente es técnicamente constitucional, pero eso no significa que esté bien o que refleje los valores de EE UU». Para Coons se trata «de una medida discriminatoria y contraproducente».

En opinión de una de las jueces del Supremo que votó en contra, Sonia Sotomayor, «la historia no juzgará bien la equivocada decisión que hoy ha adoptado el Tribunal». Para la veterana jueza, el veto de la Casa Blanca parece motivado con un «ánimo antimusulmán», «malinterpreta los precedentes legales» e «ignora el dolor y el sufrimiento que causa a innumerables familias e individuos, muchos de ellos ciudadanos de Estados Unidos».