Estados Unidos solicita la extradición de Assange

La Justicia de EE UU ha pedido formalmente a Reino Unido la extradición del “hacker” australiano Julian Assange

El Gobierno de EE UU ha formalizado la petición de extradición de Julian Assange, detenido en la embajada de Ecuador en Londres hace apenas dos meses. Según diversas fuentes el ciberactivista es reclamado por hasta 18 cargos, entre los que destaca el tráfico y publicación de material clasificado como secreto. Lo acusan de reventar los servidores del departamento de Estado junto a Chelsea Manning, encarcelada desde el pasado mayo por negarse a declarar ante un Gran Jurado sobre Assange y Wikileaks. Sus abogados insisten en que lo pueda decir ya lo explicó en su momento y que cualquier declaración sería no sólo redundante sino que, además, reabre una serie de cuestiones previamente juzgadas.

Con la petición para que sea extraditado la Casa Blanca lanza la ofensiva final para lograr que Assange termine frente a un tribunal estadounidense. La fiscalía y el Departamento de Estado están convencidos de que conspiró junto a Manning para “hackear” las terminales gubernamentales. O como explicó en su momento la fiscalía de Virginia, piratearon «la contraseña almacenada en los ordenadores del departamento de Defensa conectados a la Red Secreta (SIPRNet), usada por el Gobierno estadounidense para clasificar documentos y comunicaciones».

El caso está siendo muy contestado desde diversos sectores, que acusan al Gobierno de poner en peligro la Primera Enmienda de la Constitución de EE UU, que garantiza la libertad de prensa y la necesidad de que los medios puedan publicar material clasificado que apunte o demuestre la comisión de un delito por parte del Estado. El pasado mes de mayo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por boca de Ben Wizner, uno de sus principales directivos, avisaba que «por primera vez en la historia de nuestro país, el Gobierno ha presentado cargos penales contra un editor por la publicación de una información veraz. Se trata de una escalada extraordinaria en los ataques de la Administración de Trump contra el periodismo y de un ataque directo a la Primera Enmienda. Establece un precedente peligroso que se puede usar para atacar a todas las organizaciones de noticias que responsabilizan al Gobierno mediante la publicación de sus secretos. Y es igualmente peligroso para los periodistas estadounidenses que descubren los secretos de otras naciones. Si Estados Unidos pueden procesar a un editor extranjero por violar nuestras leyes de secreto, no hay nada que impida que China, o Rusia, hagan lo mismo».

Abogado desde 2013 de Edward Snowden, Wizner ha sido una de las voces más críticas contra la detención de Assange y los dilemas y turbulencias de todo tipo que podría ocasionar tanto en la prensa de EE UU como a nivel mundial. ¿Qué podría impedir a Pekín o a Moscú presentar demandas contra reporteros del “New York Times”, la NBC o el “Washington Post” en el caso de que estos publiquen material que consideren reservado o sensible, qué entra dentro del paraguas de la seguridad nacional y cómo deslindar la decisiva protección de los intereses de un Estado con la salvaguarda del derecho a la información y el papel de los medios como buscadores de trapos sucios y otros delitos y faltas, especialmente cuando estos han podido cometerse desde el poder? ¿Y hasta qué punto puede presentarse como un héroe civil alguien que habría actuado en comandita con el espionaje de países dudosamente democráticos para erosionar el sistema legal y político de un tercero, EE UU, que sí lo es?

Tanto el actual Gobierno como el anterior, presidido Barack Obama, así como los fiscales y los servicios secretos, consideran que las filtraciones de Wikileaks pusieron en peligro la vida de multitud de agentes y colaboradores del espionaje de Estados Unidos en zonas particularmente conflictivas, empezando por las guerras en Afganistán e Irak. También manejan indicios que apuntan a una posible colaboración con los servicios secretos rusos para perjudicar en 2016 la campaña electoral de Hillary Clinton y beneficiar a Donald Trump. Por no hablar de sus reuniones en la embajada de Ecuador en Londres con dos personajes tan turbios como Paul Manafort y Roger Stone, ambos vinculados a la campaña a la presidencia de Trump.

Baste recordar que fue a través de Wikileaks que se hicieron públicos los correos electrónicos robados a la candidata Hillary Clinton y otros destacados miembros del partido Demócrata, así como del Comité Electoral del propio partido. Entre tanto esta misma semana un tribunal sueco decidía no cursar la petición de extradición de Assange por considerarla desproporcionada. En su opinión el hombre de Wikileaks, que cumple una condena de 50 semanas de cárcel por violar la libertad condicional fijada por un tribunal británico, puede ser interrogado mediante una orden europea de investigación.

Desde el 11 de abril, el nuevo Gobierno de Lenín Moreno, que considera a Assange un problema heredado, le revocó el asilo diplomático argumentando que había tenido un comportamiento inadecuado, incluso “agresivo”, en la embajada, después de casi dos años de reproches mutuos en los que el hacker australiano habría abusado de la hospitalidad de Ecuador, como desveló LA RAZÓN en exclusiva.

Ese mismo día, el fundador de Wikileaks fue detenido y condenado en Reino Unido por violar los términos de la libertad condicional que le concedió en 2012. Ha sido sentenciado a 50 semanas de cárcel.

La Fiscalía sueca, por su parte, ha reabierto la investigación contra Assange por violación que cerró en 2017 por la imposibilidad de avanzar debido a la reclusión del periodista australiano en la embajada. Sin embargo, la Justicia ha renunciado a emitir una orden de detención contra el pirata informático, con lo que cada vez está más cerca de ser enviado a Estados Unidos.