El horizonte de estabilidad política en Francia lleva meses dependiendo parlamentariamente de Le Pen, pero el suyo propio está sujeto a la Justicia y ahora parece complicarse aún más. La líder ultraderechista espera que un recurso pueda suspender la condena por inhabilitación a cinco años que le fue impuesta el pasado mes de marzo por desvío de fondos europeos y que la apartaría de la carrera por el Elíseo en 2027. A este incierto panorama se suma ahora un informe del Parlamento europeo que acusa al grupo que integra el Reagrupamiento Nacional y sus aliados europeos de haber gastado «indebidamente» un crédito de 4,3 millones de euros que se les concedió entre 2019 y 2024 para estrictamente financiar su funcionamiento político. Según este documento, revelado en Francia por Le Monde, el monto habría terminado en dos sociedades de dos allegados a Le Pen, su exconsejero Frédéric Chatillon y su esposa, Sighild Blanc. Una de las sociedades es una agencia de comunicación llamada e-Politic que se habría embolsado 1,7 millones de euros y la otra la empresa Unanime que habría facturado 1,4 millones por «trabajos de impresión», algo que habría generado un margen de beneficio muy dudoso según se expone en dicho informe. Además, el texto imputa a la formación de Le Pen y el resto de sus aliados en Europa de hacer múltiples donativos por valor de 700.000 euros a organizaciones que «no tienen ninguna relación» con las actividades parlamentarias a las que iban destinadas los créditos concedidos. Según el texto, los fondos se repartían a asociaciones sin ánimo de lucro pero con los que dirigentes de los partidos del grupo europeo Identidad y Democracia tenían algún tipo de relación. Por ejemplo, un total de 3.350 euros fueron a una asociación de apoyo a los bomberos de Saint Cloud, la localidad vecina a París donde residen Marine Le Pen y otros dirigentes del RN. Otro ejemplo se produjo en Alemania, donde la asociación antiabortista SOS Leben, próxima al partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), recibió 3.500 euros para sus actividades contra el aborto. Las reglas del Parlamento europeo permiten que los grupos políticos de la Eurocámara entreguen hasta un 5% del presupuesto del que les dota la institución a organizaciones externas, pero solo en el marco de acciones «vinculadas a las actividades políticas de la Unión Europea».

Interrogada por el asunto el jueves por la tarde en la cadena RTL, Le Pen afirmaba «desconocer» el contenido del informe. El que sí ha reaccionado es el exsecretario general del grupo Identidad y Democracia, al que pertenecía el RN, el belga Philip Claeys, quien ha rechazado en bloque las acusaciones señalando que todos los pagos se hicieron de forma justificada y controlada. Identidad y Democracia fue creado en 2019 y duró una legislatura hasta que se disolvió en las últimas elecciones europeas. En él también estaban integrados, la Liga italiana de Mateo Salvini, el belga Vlams Velaang o Alternativa por Alemania.

Esta investigación pone aún más incertidumbre al futuro político de Le Pen ya que se suma a la condena que recibió el pasado 31 de marzo en un tribunal de París por desvío de 4,2 millones de fondos europeos para pagar asistentes que jamás trabajaron para la Eurocámara. Le Pen fue condenada a cuatro años de cárcel, dos de ellos en firme, aunque podría cumplirlos en arresto domiciliario con un brazalete electrónico, y a cinco años de inhabilitación para cargo público, de aplicación inmediata. Ello supone que Le Pen podría estar imposibilitada para presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027, salvo que salga victoriosa en el proceso en apelación, previsto para 2026.

Este complicado camino judicial para la líder ultraderechista aparece cuando más poder acumula respecto al futuro inmediato de Francia. La negativa de Le Pen a secundar una moción de censura de la izquierda a principios de esta semana permitió al gobierno seguir adelante, al menos, hasta que se voten las cuentas de 2026 el próximo otoño, algo que se presenta como una prueba de fuego mayor para el actual primer ministro Bayrou. No se repite, al menos por ahora, la situación de diciembre del año pasado cuando Le Pen derrocó al exprimer ministro Michel Barnier vía otra moción de censura votada junto al bloque de la izquierda. Con la Asamblea dividida en tres polos políticos, para que una moción de censura prospere contra el bloque central, es necesario que la izquierda y la ultraderecha voten juntas, como pasó cuando derrocaron a Barnier. Con 143 escaños, la formación de Le Pen tiene la llave para hacer caer al gobierno aunque su posición de fuerza parece enturbiada por su manejo de fondos europeos y su condena judicial.