Bruselas evalúa si Hungría ha hecho las reformas necesarias para evitar la congelación de los fondos

Comienza la cuenta atrás. A partir de este sábado, la Comisión Europea estudiará si Hungría ha realizado las reformas necesarias que le permitan evitar la congelación de parte de los fondos europeos que recibe el país. La Hungría de Viktor Orban tiene el dudoso honor de estrenar este mecanismo, después de que el colegio de comisarios decidiera en el mes de septiembre proponer la suspensión de 7.500 millones de euros de las denominadas partidas de Cohesión (el 65% de los fondos asignados en tres programas europeos). Una decisión motivada por el “riesgo para el presupuesto de la UE” debido a irregularidades sistemáticas y deficiencias y debilidades en el sistema de contratación pública del país.

El Ejecutivo húngaro se ha comprometido a una lista de 17 reformas con un calendario preciso, cuyo plazo expira este sábado. Entre esos deberes que Budapest tiene que cumplir, se encuentra la creación de una autoridad independiente con amplios poderes, cambios en el código penal y reformas en los mecanismos de control y auditorías. La ministra húngara de Justicia, Judith Varga, se mostró este viernes esperanzada sobre la posibilidad de evitar la congelación de los fondos. “Soy muy optimista porque por fin pudimos sentarnos a la mesa. Y hubo disposiciones constructivas y muy profesionales que proponen cómo remediar las preocupaciones planteadas por la Comisión”, ha asegurado antes de una reunión con sus homólogos europeos en la que se iba a discutir la situación del país.

Mucho más prudente se ha mostrado el comisario de Justicia, Didier Reynders, que ha lamentado los retrocesos en la pluralidad informativa del país y se ha limitado a señalar que le Comisión Europea publicará su análisis sobre los progresos realizados por Hungría “en las próximas semanas”.

Este mismo jueves, los grupos mayoritarios de la Eurocámara pidieron al Ejecutivo comunitario que procediese a congelar los fondos a Hungria, al entender que el país no ha cumplido con los compromisos suscritos con Bruselas y no debe zafarse de los castigos.

Este instrumento fue aprobado hace dos años –cuando se negoció el nuevo fondo para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus-, pero el Ejecutivo comunitario decidió esperar a dar este paso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hubiese pronunciado sobre la legalidad de esta nueva herramienta. En su sentencia, el alto tribunal respaldó la creación de este nuevo procedimiento, pero también limitó su alcance a la existencia de un vínculo directo entre el respeto al Estado de derecho y sus daños a las finanzas del presupuesto comunitario. Una condición que resta poderes a la Comisión Europea a la hora de actuar en otros frentes como los ataques a la pluralidad informativa o a la separación de poderes.

Independientemente de cuál sea el veredicto de la Comisión Europea, el proceso no termina aquí. Tras la activación del procedimiento por parte del Ejecutivo comunitario, los países europeos deben votar sobre la congelación de los fondos en un plazo máximo de un mes por mayoría cualificada. En casos debidamente justificados, esta fecha puede ampliarse dos meses más. Esto da a Budapest el suficiente tiempo para ganarse la confianza del resto de los socios. En todo caso, fuentes diplomáticas señalan que cualquier cambio menor y que no sea sustancial para luchar contra la corrupción será vigilado de manera estrecha por el Ejecutivo comunitario que, en todo momento, puede reactivar el procedimiento e incluso aumentar la cuantía de la multa propuesta. Además, Bruselas ha establecido una serie de garantías para que los receptores directos de estas ayudas no se vean perjudicados.

Hasta el momento, la Comisión Europea se había limitado a no dar luz verde al fondo específico post pandemia, convirtiendo a Hungría en el único país de los Veintisiete que no se está beneficiando de este auxilio europeo.