Bruselas propone congelar fondos a Hungría por violar el Estado de derecho

La Comisión Europea ha dado este domingo un paso inédito al, por primera vez, activar una nueva herramienta que permite la suspensión de los fondos europeos a los países que no respetan el Estado de Derecho. La Hungría de Viktor Orban tiene el dudoso honor de estrenar este mecanismo, después de que el colegio de comisarios haya decidido proponer la suspensión de 7.500 millones de euros de las denominadas partidas de Cohesión (el 65% de los fondos asignados en tres programas europeos). Según el veredicto conocido este domingo, esta decisión está motivada por el “riesgo para el presupuesto de la UE” debido a irregularidades sistemáticas y deficiencias y debilidades en el sistema de contratación pública del país. Según ha explicado el Comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, alrededor de la mitad de las licitaciones públicas que se asignan en el país sólo tenían un candidato, cinco veces por encima de la media europea.

Este paso se produce pocos días después de que el Parlamento Europeo haya votado una resolución  por amplia mayoría que califica el sistema magiar como un “régimen híbrido de autocracia electoral”, lo que significa que para la Eurocámara el país ya no puede considerarse una democracia plena.

Este instrumento fue aprobado hace dos años –cuándo se negoció el nuevo fondo para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus-, pero el Ejecutivo comunitario decidió esperar a dar este paso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hubiese pronunciado sobre la legalidad de esta nueva herramienta. En su sentencia, el alto tribunal respaldó la creación de este nuevo procedimiento, pero también limitó su alcance a la existencia de un vínculo directo entre el respeto al Estado de Derecho y sus daños a  las finanzas del presupuesto comunitario. Una condición que resta poderes a la Comisión Europea a la hora de actuar en otros frentes como los ataques a la pluralidad informativa o  a la separación de poderes.

Para evitar que se produzca esta amenaza de congelación de los fondos, en las últimas semanas se habían estrechados los vínculos entre Budapest y Bruselas. El Ejecutivo de Viktor Orban se ha comprometido a una lista de 17 reformas con un calendario preciso. Si Hungría da marcha atrás en sus prácticas corruptas, Bruselas está dispuesta a no proceder a la retirada de las ayudas. Entre esos deberes que Hungría tiene que cumplir, se encuentra la creación de una autoridad independiente con amplios poderes que debe estar operativa el próximo 19 de noviembre, cuándo el Gobierno de Orban debe informar al Ejecutivo comunitario de los avances en la lista acordada que también incluye cambios en el código penal y reformas en los mecanismos de control y auditorías.

Tras la activación del procedimiento, los países europeos deben votar sobre la congelación de los fondos en un plazo máximo de un mes por mayoría cualificada. En casos debidamente justificados, esta fecha puede ampliarse dos meses más. Esto da a Budapest el suficiente tiempo para ganarse la confianza del resto de los socios. En todo caso, fuentes diplomáticas señalan que cualquier cambio menor y que no sea sustancial para luchar contra la corrupción será vigilado de manera estrecha por el Ejecutivo comunitario que, en todo momento, puede reactivar el procedimiento e incluso aumentar la cuantía de la multa propuesta. Además, Bruselas ha establecido una serie de garantías para que los receptores directos de estas ayudas no se vean perjudicados.

Hasta el momento, la Comisión Europea se había limitado a no dar luz verde al fondo específico post pandemia, convirtiendo a Hungría en el único país de los Veintisiete que no se está beneficiando de este auxilio europeo. En el año 2018, el Parlamento Europeo decidió activar el artículo 7, el conocido en los pasillos europeos como el botón nuclear. Un procedimiento que en su último estadio puede llegar a desencadenar la perdida del derecho de voto en el Consejo. A pesar de esto, la necesidad de alcanzar la unanimidad en esta última fase y el previsible apoyo de Polonia, país que se encuentra en la mismo situación, ha hecho que este procedimiento se encuentre en punto muerto. En el caso de Polonia, la Comisión Europea ha decidido dar un voto de confianza al país y desbloquear el fondo post- pandemia, al entender que su gobierno estaba dando pasos para hacer cambios en el sistema judicial. La guerra en Ucrania y el papel del país en la acogida de refugiados también ha conseguido una nueva sintonía entre Varsovia y Bruselas, aunque nadie cuánto puede durar este acercamiento.

En el caso de Hungría, la situación ha ido deteriorándose a marchas forzadas, sobre todo después de que Fidesz, el partido del primer ministro, Viktor Orban, decidiera abandonar antes de ser expulsado el paraguas del Partido Popular Europeo (PPE) tras haber puesto en marcha una campaña en contra del antiguo presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. Hasta ese momento, la delegación alemana del  PPE había protegido a Orban, al entender la membresía de su partido dentro de la formación conservadora le hacía más fácil de controlar.

Además, durante el pasado mes de julio, la Comisión Europea decidió denunciar a Budapest ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a la promulgación de una ley que Bruselas considera homófoba, ya que prohíbe hablar de homosexualidad e identidad de género en los colegios y también limita los contenidos audiovisuales a los que pueden acceder a los menores si se tratan este tipo de temas. Aunque el Ejecutivo de Orban niega que esta ley vaya en contra de los homosexuales, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, la ha calificado como una “vergüenza” y una “desgracia”. Aunque el país celebró un referéndum para conseguir el apoyo a este ley, la falta de quorum hizo que la consulta no fuera consideraba válida, si bien la normativa continúa en vigor.