Fin de la narcotiranía

Siempre se dijo, el objetivo fundamental es poner fin a la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro y su camarilla. La piedra angular de la lucha de Juan Guaidó y de los millones de venezolanos que lo acompañamos es desalojar de las instituciones que manipulan a las huestes de la narcotiranía. Esa meta la venimos procurando desde hace muchos años. Para tales efectos se han agotado varios mecanismos, que van desde participar en elecciones desventajosas para la oposición, que no se ha resignado a limitarse a ver cómo la dictadura sojuzga a la ciudadanía, sino que asume todos los riesgos implícitos cuando se combate a un régimen tiránico, como lo definió el ex presidente español Felipe González. También se ha dialogado, mientras se procuraba la implementación de un referéndum revocatorio, herramienta incorporada en nuestra vigente Constitución nacional. Todas esas alternativas han sido truncadas por Maduro, quien se empeña en martirizar a un pueblo sumido en una espeluznante pobreza.

Un Maduro sin respaldo popular, convertido en el responsable de la catástrofe en la que ha hundido al país, al extremo de que sus propios correligionarios del chavismo reniegan de su jefatura política, tomó el atajo de montar unas elecciones presidenciales fraudulentas el pasado 20 de mayo que dieron pie a que, en coro, la comunidad internacional lo tachara de ilegítimo, caracterización que ha sido reconfirmada una vez que Maduro se dispuso a asumir como jefe de Estado, sin que tuviera cualidad para dar ese paso. Ante ese despropósito, Juan Guaidó, apoyado en el artículo 233 de nuestra Carta Magna, se resolvió a resguardar la legalidad como presidente temporal de la nación. Ese juramento, conforme a la ley mayor del país, se verificó el pasado 23 de enero del presente año.

Desde entonces, Guaidó ha contado con un eufórico pueblo que lo ha acompañado con un entusiasmo contagioso.

Además de la ciudadanía, el presidente encargado ha recibido manifestaciones de acatamiento por efectivos militares de distintos rangos, tal como ocurrió el pasado 23 de febrero, mientras Maduro cometía el exterminio de impedir el ingreso de la ayuda humanitaria que llegaba por la frontera con Colombia y Brasil, incluso perpetrando una limpieza étnica, ordenando disparar contra nuestros indios pemones. La verdad es que Nicolás Maduro usurpa el poder y continúa dando un golpe a la Constitución nacional.

Ante esa tragedia institucional que devora la paz de un país y de su ciudadanía, decenas de militares institucionalistas han venido mostrando su inconformidad. Saber, como se sabe, que Chávez y Maduro convirtieron a Venezuela, reputado como país petrolero, en un régimen cocalero y base de operaciones del terrorismo internacional, es lo que ha impulsado a más de 190 efectivos militares de diferentes rangos a rebelarse contra ese estado de cosas penosas para militares que juraron defender, a toda costa, la legalidad.

Por eso es por lo que tenemos razones para asegurar que lo que está aconteciendo en Venezuela desde el día de ayer es una rebelión cívico-militar que busca reponer el valor de nuestra Constitución nacional, impidiendo que Maduro siga golpeando la ley.