La Fiscalía de Ecuador pone al ex presidente Lenín Moreno contra las cuerdas

El ex presidente de Ecuador, Lenín Moreno, está en apuros. El juez Adrian Rojas ha pedido que el ex mandatario, que vive en Paraguay, se presente cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia, en Ecuador, en el marco de las investigaciones por presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Moreno está oficialmente procesado tras la petición de la Fiscalía General por cohecho.

La Fiscalía había solicitado la semana pasada prisión preventiva para el expresidente y seis familiares, así como otras 30 personas por la supuesta comisión de un delito de cohecho en el caso 'Ina Papers' y cuyo perjurio económico asciende a más de 70 millones de euros. Alegando un riesgo de fuga para los investigados, el Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares contra los imputados para "garantizar su presencia en las siguientes etapas del proceso penal".

No obstante, 14 de los 37 procesados -entre los que se encuentra el exmandatario- deberían sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, pues tienen más de 65 años, ha informado 'El Comercio'. La Constitución de Ecuador recoge que a las personas de la tercera edad se les debe dictar arresto domiciliario y no prisión preventiva, como es en el caso de Lenín Moreno, quien tiene 69 años.

Ahora la decisión cae en mano del juez encargado del caso 'Ina Papers', Adrián Rojas, quien debe analizar si acepta o no la petición de la Fiscalía tomando en consideración la opinión de los abogados de los procesados. El caso 'Ina Papers' estalló en 2019, cuando se conocieron supuestas irregularidades relacionadas con empresas 'offshore' y con personas del entorno cercano de Moreno, entonces presidente del país y quien en aquel momento ya negó su participación en la presunta trama de corrupción.

Según la fiscal general, Diana Salazar, los 37 procesados se beneficiaron supuestamente con cerca de 76 millones de dólares (71 millones de euros) dentro de un entramado de corrupción de carácter "interestatal y transnacional" relacionados con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Las pesquisas señalan que las acciones ilícitas se habrían perpetrado entre 2009 y 2018.

En el listado de personas contra las que se presentarán cargos destaca Rocío González, esposa del exmandatario, e Irina Moreno, hija en común de la pareja. Las investigaciones también salpican a dos hermanos y dos cuñadas del expresidente, así como al exembajador chino en Quito Cai Rungo.

David Meza, el abogado del ex mandatario ecuatoriano, aseveró que su cliente no tuvo que ver "absolutamente en nada" con los presuntos sobornos porque "él era vicepresidente en su momento, no estuvo a cargo de los sectores estratégicos, y como presidente ese contrato ya se tenía firmado".

El ex presidente, que desde el año pasado reside en Paraguay, donde como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, asistió a la audiencia de manera telemática.