Grecia sube el tono y convoca a su embajadora en Austria

La tensión migratoria marca la reunión de ministros del Interior de la UE. Los controles en las fronteras exteriores incluirán a ciudadanos europeos

La gestión de la crisis de refugiados sigue aflorando las diferencias y la tensión entre los socios europeos. Demasiadas decisiones unilaterales que torpedean una resolución común. La reunión de ministros del Interior de ayer puso en evidencia a países como Austria, que se ha desmarcado de las decisiones europeas imponiendo cuotas individuales a la entrada de demandantes de asilo. También a los países del Este y a Grecia, foco de todas las críticas. La reunión disparó todas las tensiones porque persisten los mismos problemas de los últimos meses. Austria, por un lado, firme en su decisión de imponer cuotas para frenar en seco la afluencia de refugiados culpa directamente a Grecia por su inacción, mientras Atenas, con las estadísticas en la mano, mostraba la situación a la que hace frente en solitario y con las trabas de sus «socios». Grecia reaccionó ayer llamando a consultas a su embajadora en Viena, Jrissula Aliferi, precisamente por la decisión austriaca de dejarla fuera de la reunión sobre la crisis migratoria que mantuvo con sus socios de las rutas de los Balcanes. La exclusión fue decidida porque se consideró que Grecia forma parte del problema y no de la solución. Desde Bruselas y desde la delegación francesa, se le echaba un capote al Ejecutivo heleno. Aunque reconocieron que tiene deberes por cumplir, también advirtieron de que un desafío como el de los refugiados no lo puede atajar un país en solitario. Sobre Austria, el comisario le recordó que todas las medidas que tome deben estar siempre dentro de la legalidad.

En este contexto, los ministros sólo fueron capaces de acordar que se realicen controles obligatorios en las fronteras exteriores de la UE también a los ciudadanos comunitarios, y se marcaron la cumbre con Turquía del 7 de marzo como fecha límite para lograr una solución más amplia. La Comisión, por su parte, tuvo que dar un toque de atención a todos los Estados para que dejen de poner trabas y respeten y apliquen la normativa europea. «La Comisión trabaja a fondo en un plan de contingencia en el que estarán implicados ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pero hasta entonces no se puede dejar de cumplir lo que ya se ha sellado, como las reglas de asilo, Schengen o el acuerdo de Dublín», sentenció el comisario de Inmigración, Dimitris Avramópoulos.

«A quienes digan que se necesitan decisiones nacionales porque el enfoque europeo no funciona les digo que son las acciones nacionales precisamente las que obstaculizan una solución europea. La ruta de los Balcanes afronta una situación crítica. La posibilidad de que se cree una crisis humanitaria a gran escala es real y no podemos tratar el tema con decisiones unilaterales o bilaterales, tenemos responsabilidad compartida con nuestros vecinos y con estas personas desesperadas», explicaba el comisario.

«La solidaridad se predica mucho pero, a la hora de la verdad, cuesta más aplicarla. Y en eso estamos», reconocía en Bruselas el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz. Son muchos los escollos que van surgiendo que imposibilitan llegar a una decisión conjunta. Otras de las dificultades la presentaba Hungría, quien defendió ante sus socios la celebración de un referéndum para que los cuidadanos opinen sobre las cuotas obligatorias que propone la Comisión, a pesar de que el Consejo Europeo ya lo aprobó. No desharía lo pactado, según Viktor Orbán, pero la celebración cuestiona el acuerdo europeo. Una decisión que se aprobó por mayoría cualificada para evitar el veto de Hungría, Eslovaquia, Rumanía y República Checa, que votaron en contra.