Transcurridos más de veinte años de prórrogas en torno a la controvertida cuestión del artículo 23 de la Ley Fundamental –la miniconstitución de Hong Kong–, el jefe del Ejecutivo hongkonés obtuvo el martes en tiempo récord el «sí» definitivo a la «ordenanza para salvaguardar la seguridad nacional» a pesar de las críticas occidentales sobre un posible retroceso en los derechos y libertades fundamentales. La controvertida normativa, que tipifica nuevos delitos y endurece las penas a prisión, ha sido aprobada de forma unánime en el marco de una sesión parlamentaria que se alargó el martes durante horas.

El Parlamento de la región administrativa especial –compuesto mayoritariamente por diputados por designación y no electos–, aprobó el texto con extrema celeridad para entrar en vigor el próximo sábado. La ley debutante dota a los tribunales hongkoneses de un amplio abanico jurídico que regula un gran número de delitos políticos.

Se trata de una enmienda de 181 cláusulas que castiga cinco categorías de delitos con penas de hasta cadena perpetua: traición, insurrección, sabotaje que ponga en peligro la seguridad nacional, robo de secretos de Estado y espionaje, e injerencia externa. Según las autoridades, el objetivo es «cerrar las lagunas» de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 tras el gran movimiento de protesta antigubernamental de 2019, que ya contemplaba cuatro «grandes» crímenes políticos como secesión, subversión, actividades terroristas y connivencia con fuerzas extranjeras.

El líder hongkonés, John Lee, defendió la emergencia de sacar adelante la legislación «porque las amenazas a la seguridad nacional podrían pillarnos desprevenidos», señalando el malestar social de 2019 y la complicada situación geopolítica. «Necesitamos contar con herramientas de este tipo que sean eficaces para protegernos de la violencia negra y revoluciones de colores». Según Lee, la estabilidad y la seguridad son piezas clave de la prosperidad, y confía en que la novedad haga de la ciudad semiautónoma un lugar más atractivo para las empresas y la inversión.

El dirigente municipal citó el ejemplo de la Ley Patriótica de Estados Unidos y añadió que «tras el 11-S, el Gobierno estadounidense presentó un proyecto de ley 21 días después del atentado terrorista para salvaguardar su seguridad nacional, y nuestra legislación ha tardado 26 años».

El Gobierno de la excolonia británica inició a finales de enero un período de consulta de un mes sobre esta nueva ley y aunque el Ejecutivo ha destacado un apoyo público cercano al 99%, al parecer las 13.147 propuestas recopiladas representan tan solo el 15% de las más de 90.000 opiniones recibidas durante el mismo proceso hace más de dos décadas. No obstante, el secretario de seguridad hongkonés, Chris Tang, afirmó que el éxito de que la normativa siga adelante se debe a que los residentes se han dado cuenta de la importancia de salvaguardar la seguridad nacional y subrayó que están en marcha una serie de eventos para explicarla.

La adopción de la norma ha suscitado la condena de la comunidad internacional, que han pedido a los legisladores que se tomen más tiempo para examinar su impacto. Tanto Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Corea del Sur o la Unión Europea la han criticado por considerar que supone una violación de la autonomía hongkonesa y del principio de «un país, dos sistemas que debía garantizar las libertades de la ciudad tras el traspaso del dominio británico al chino en 1997». Sin embargo, los partidarios de Pekín aseguran que «se trata de la piedra angular en el cumplimiento de un deber constitucional, y que abre una nueva era centrada directamente en la prosperidad económica».

En palabras de la directora del Programa Regional para China de Amnistía Internacional, Sarah Brooks, «aprobando en un abrir y cerrar de ojos esta draconiana ley, el Gobierno ha asestado otro golpe demoledor a los derechos humanos en la ciudad. Han ignorado las advertencias cada vez más urgentes de los expertos en derechos humanos de la ONU de que su enfoque es incompatible con las obligaciones internacionales de Hong Kong».

A su vez, grupos internacionales defensores de derechos humanos afirman que es excesivamente amplia, con conceptos jurídicos vagamente definidos como «injerencia externa», y que amenazan con aumentar las penas impuestas a las personas por diversos actos considerados como disidencia contra las autoridades hongkonesas o el Gobierno de Pekín.

Según la normativa, las personas declaradas culpables de traición, insurrección, sabotaje por «connivencia con fuerzas externas» o incitación al amotinamiento de miembros de las Fuerzas Armadas chinas pueden ser condenadas a cadena perpetua, mientras que las imputadas por revelar ilegalmente secretos de Estado se exponen a diez años entre rejas.

La ley también amplía la definición del delito de «sedición», que data de la época colonial británica, para incluir la incitación al odio contra los líderes comunistas chinos, con un aumento de la pena de hasta diez años de prisión. Asimismo, la Policía puede pedir a los tribunales que impidan a los sospechosos contratar a «abogados particulares» si ello puede poner en peligro la seguridad nacional.

Además, puede aplicarse a actos cometidos fuera de la ciudad tanto por residentes como por empresas, algo que se observa en la persecución del Gobierno a activistas prodemocráticos en el extranjero como «elementos antichinos». Estos militantes pueden ser objeto de medidas punitivas, como la anulación de su pasaporte, mientras que cualquiera que los financie, incluidos sus padres, corre el riesgo de ir a la cárcel.