Hungría aprueba la detención indiscriminada de migrantes

El nacionalista Orban saca adelante una ley que permitirá recluirlos, aunque sean solicitantes de asilo, en centros cerrados en la frontera.

Hungría volvió ayer a dar un paso más en su política de mano dura contra la inmigración, al aprobar una nueva ley que supone la detención indiscriminada de todos los migrantes sin papeles, sin importar si éstos son demandantes de asilo o no. A pesar de la prudencia inicial de Bruselas, que ya examina las implicaciones de esta nueva legislación, la ONU y las organizaciones humanitarias ya se han llevado las manos a la cabeza al considerar que esta iniciativa, aprobada gracias a la mayoría absoluta de Viktor Orban, contraviene los tratados internacionales. El primer ministro húngaro, que incluso llegó a celebrar un referéndum en contra de las cuotas de refugiados promulgadas por la UE, calificó ayer la inmigración de «caballo de Troya del terrorismo» y aseguró que no puede contar con sus socios europeos en la defensa de las fronteras ya que «ellos hacen más difícil el trabajo».

Según la legislación húngara aprobada ayer, los demandantes de asilo sólo podrán presentar sus solicitudes en lo que el Gobierno nacionalista de Orban denomina «zonas de tránsito» situadas en la frontera con Serbia y Croacia y que el propio Ejecutivo define como «contenedores acondicionados». Se aplicará tanto a los recién llegados como a los solicitantes de asilo que ya están en el país (a fecha de febrero, 586 personas). Mientras esperan el veredicto de su petición, tendrán que permanecer en los centros. En el caso de que estas solicitudes de asilo sean rechazadas, tendrán que volver a Serbia.

Según anunció ayer el Ejecutivo húngaro, el propósito es que esta legislación esté en vigor de manera temporal, sólo cuando el país se considere en «estado de alerta», una categoría que fue activada a finales de 2015 y que continuará vigente hasta septiembre de este año, a pesar de que las ONG consideran que el número de migrantes que permanecen en el país no lo justifica. Actualmente, Hungría admite a trámite 25 peticiones de asilo cada día en estas zonas de tránsito, pero después la inmensa mayoría de los demandantes decide seguir la ruta hacia otros países europeos sin esperar el veredicto de las autoridades.

La legislación europea permite la retención de los inmigrantes ilegales –que huyen de la penuria económica de sus países– mientras se tramita su correspondiente orden de expulsión durante un máximo de 18 meses en centros especializados. Cada Estado adapta después a su ordenamiento jurídico esta directiva europea. En el caso español, el periodo máximo de detención para los inmigrantes ilegales es de 60 días. En un endurecimiento de la política migratoria, Bruselas desveló la pasada semana un nuevo plan en el que pide a los Estados que apuren los plazos previstos en esta legislación, con el propósito de aumentar las repatriaciones de los inmigrantes ilegales a sus países de origen.

En el caso de los demandantes de asilo perseguidos por razones políticas o religiosas, la legislación europea permite que estén custodiados, durante el procedimiento de registro, en el país al que están solicitando protección, pero en ningún momento se los equipara con los inmigrantes ilegales ni se decreta su internamiento en centros cerrados. La portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Cécile Pouilly, aseguró que esta ley «viola las obligaciones de Hungría con respecto al derecho internacional y las normas de la UE» y tendrá «terribles efectos psicológicos y físicos en mujeres, niños y hombres que ya han experimentado grandes sufrimientos».

El grupo socialista en el Parlamento Europeo aseguró ayer mediante un comunicado que esta nueva norma no sólo resulta «inhumana, sino que también viola las leyes europeas e internacionales» y pide a la Comisión que no mire para otro lado. Los liberales europeos urgieron al legislativo comunitario a examinar la compatibilidad de la nueva ley húngara con las normas europeas y pidieron tratar este caso en la cumbre que se celebrará mañana y el viernes en Bruselas. Antes de que estallara la crisis de los refugiados, Hungría mantenía una legislación similar a la promulgada ayer, que fue retirada en el año 2013 ante las presiones de la UE y la ONU.

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