Un juez federal suspende el plan de Trump que prevé un ERE para funcionarios

A medianoche terminaba el plazo para que miles de trabajadores federales tomaran una decisión que marcará el resto de sus carreras profesionales. Este jueves era la fecha límite para rechazar o aceptar la propuesta que Donald Trump hizo en enero a los funcionarios elegibles, renunciar a su puesto voluntariamente a cambio de seguir recibiendo un salario durante los próximos siete meses. A los trabajadores de más edad, se les ofrecía una jubilación anticipada, y todo para reducir el número de empleados gubernamentales permitiendo así un recorte del gasto público. Esta fue una de las promesas electorales del republicano, que ahora además afectará a los trabajadores de justicia ambiental y derechos civiles, que ayer supieron que ellos también podrían correr la misma suerte que la oficina DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), es decir, que se cierre la agencia y pongan en licencia administrativa con sueldo a sus trabajadores. Al cierre de esta edición, al menos 50.000 trabajadores públicos habían aceptado el acuerdo de la nueva Administración.

Antes de que expirara el plazo de Trump, un juez de Boston congeló temporalmente los planes de la Casa Blanca en respuesta a las demandas que tres sindicatos que representan a más de 800.000 trabajadores federales habían presentado.

El juez de distrito George O’Toole, designado por el expresidente Bill Clinton explicó en una breve audiencia que estaba impidiendo que el Gobierno tomara medidas para implementar el plan mientras recibía más información sobre si debería bloquearse. La próxima audiencia está programada para el lunes por la tarde. El Gobierno enviará ahora un aviso a los empleados informándoles que el plazo que concluía a medianoche queda en suspenso.

El Gobierno federal contaba hasta hace poco con tres millones de trabajadores, de los cuales 2,3 millones son elegibles para esta oferta (entre ellos los empleados en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA). El objetivo de la Casa Blanca era que entre el 5% y el 10% de los empleados públicos dimitiera, pero hasta ahora apenas llegaban al 2%.

La decisión, a pesar de ser presentada como «voluntaria», no era fácil porque, aunque el portavoz de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) describió la oportunidad como «generosa y poco frecuente», no dio garantías de que quienes se queden en sus puestos podrán mantenerlos. De hecho, la nueva Administración republicana está planeando despidos generalizados que podrían llegar próximamente. La medida también forma parte de los esfuerzos de la nueva Administración por remodelar la plantilla federal y sustituir trabajadores con carreras universitarias específicas de su campo por cargos políticos. Por eso, los sindicatos han ido contra el mandatario norteamericano asegurando que la decisión perjudicará a todos los estadounidenses, que verán retrasos en los procesos. «No nos quedaremos quietos y dejaremos que nuestros miembros se conviertan en víctimas de esta estafa», advertía en un comunicado el presidente de la Federación Estadounidense de Empleados, Everett Kelley. «Esto es una estafa, y no una compra de renuncia».

Los demócratas recomiendan a los trabajadores que no renuncien a su puesto de trabajo porque ese salario que el Gobierno les está prometiendo hasta el 30 de septiembre no ha sido autorizado por el Congreso, y podría darse la situación de que no lo reciban por falta de fondos. Muchos empleados dudan si aceptar el trato o no precisamente por eso, por miedo a que luego no cumplan las promesas y esta no sea más que una estrategia para identificar a fieles trabajadores. Otros empleados apuntan al historial de estafa de Trump a varios contratistas a los que dejó dinero a deber en sus negocios inmobiliarios en Nueva York.

La idea del «buyout» (compra), como lo han llamado en EE UU, parte de uno de los asesores más poderosos del expresidente, el multimillonario Elon Musk, que ahora está al frente del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Algunos de sus antiguos empleados aseguran que el reconocido empresario pretende aplicar en el ente público la misma estrategia de renuncia masiva que utilizó para apartar a los trabajadores que no le gustaban de la plataforma Twitter, ahora llamada X, que adquirió el pasado 14 de abril del 2022.

Con otra diferencia, según una entrevista realizada por CNN a la jefa de Ziprecruiter, una web de búsqueda de trabajo, este no es un buen momento para buscar empleo en el sector privado. «Ha habido muy pocas contrataciones últimamente», explicó durante la entrevista con el medio. «En realidad, en este momento tenemos un mercado laboral bastante estático, sin muchas oportunidades para que la gente cambie de trabajo», concluyó la responsable de Ziprecruiter.