La UE plantea ampliar a tres años el control de fronteras

Propone la acogida de otros 50.000 refugiados de África y Oriente Medio en dos años con un incentivo de 10.000 euros por cada uno de ellos.

La Comisión Europea propuso ayer ampliar hasta un máximo de tres años el periodo durante el cual las capitales europeas pueden implantar controles internos en el espacio sin fronteras Schengen, siempre y cuando esta medida «de último recurso» sea por motivos de seguridad. Pero el alto simbolismo del acuerdo Schengen, por el que los ciudadanos europeos pueden desplazarse sin mostrar ningún tipo de documento de identidad, obliga a la Comisión a calibrar con prudencia su mensaje. «Si muere Schengen, será el principio del fin de Europa», llegó ayer a asegurar el comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos.

Actualmente seis países miembros mantienen este tipo de controles: Francia debido a su estado de emergencia por los atentados terroristas y otros cinco (Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega) para afrontar la crisis de los refugiados. Una situación de excepcionalidad sin precedentes que ha llevado a numerosas voces a preguntarse si estamos ante un punto de no retorno en uno de los proyectos europeos más ambiciosos.

Ante la complejidad de la situación, el Ejecutivo comunitario ha elegido un camino intermedio. «Debemos hacer todo lo posible por preservar el delicado equilibrio entre la libre circulación y la movilidad, por una parte, y la seguridad, por otra», explicó ayer el comisario. Propone ampliar el periodo durante el que se pueden introducir estos controles, pero a cambio de un mayor control por parte de Bruselas, y circunscribe esta extensión a la amenaza terrorista que sacude Europa. Los cinco países que en los últimos dos años han mantenido controles debido a la crisis de refugiados (agotando el máximo previsto) deberán levantar estas medidas el próximo mes de noviembre y la Comisión no prevé ningún cambio legislativo en este ámbito.

A pesar de esto, Bruselas está dispuesta a aprender de sus errores. Ante una amenaza para su seguridad, un Estado podrá disponer de un periodo inicial de un año frente a los seis meses previstos hasta ahora. Para que esto no se convierta en un cheque en blanco, en el caso de que estos seis primeros meses sean prolongados, los Estados deberán presentar una evaluación de riesgos y explicar de manera detallada cómo afecta esta medida a los países vecinos y qué consultas se han llevado a cabo. En este caso, la UE debe obligatoriamente emitir una opinión sobre la proporcionalidad de la medida.

Una vez pasado este año, si los países consideran que esta amenaza persiste, los controles pueden ser extendidos un periodo adicional de dos años. Para ello, el Gobierno concernido debe notificar sus intenciones a la Comisión con seis semanas de antelación y el dictamen del Ejecutivo comunitario debe ser avalado por el resto de Estados. El proceso debe repetirse cada seis meses hasta el máximo antes citado de dos años. Bruselas explica que esta situación sólo corresponde a periodos de excepcionalidad cuando el país ha puesto en marcha medidas en su territorio análogas como, por ejemplo, el Estado de emergencia.

La propuesta esbozada ayer recoge, en parte, algunas de las peticiones realizadas por los países. Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega plantearon en una misiva enviada a Bruselas este mismo mes ampliar hasta los cuatro años los controles fronterizos en caso de amenaza a la seguridad. Esta iniciativa debe ser ahora refrendada por los Estados miembros y la Eurocámara para que pueda entrar en vigor y la incógnita reside en si los países antes citados batallarán por una extensión de los controles superior, en línea con su propuesta.

En el marco actual, es posible introducir los controles en casos de acciones inmediatas (gran afluencia debido a un acontecimiento extraordinario) durante diez días con periodos de renovación hasta un máximo de 20 días. A este respecto, la Comisión mantiene esta posibilidad y no prevé cambios. El Ejecutivo comunitario también aprovechó ayer la ocasión para pedir a los socios la acogida de al menos 50.000 refugiados procedentes de África y Oriente Medio cercanos a zonas de conflicto. Se trata de facilitar las rutas legales de llegada, sin que los demandantes de asilo arriesguen su vida intentado llegar a suelo comunitario, con un nuevo plan que se extenderá hasta octubre de 2019. Actualmente, se ha reasentado a 23.000 personas procedentes de países terceros. Una medida que levanta pocas suspicacias entre los Estados miembros, ya que consideran que este tipo de medidas no alientan el efecto llamada. La Comisión destinará 500 millones de euros para apoyar a los países en sus esfuerzos para el reasentamiento (10.000 euros por refugiado). Bruselas anima, además, a crear iniciativas de patrocinio privado que permitan a grupos y organizaciones civil la financiación de este programa.

Cumplir lo pactado

El Ejecutivo comunitario realizó esta propuesta un día después de que expirase el esquema temporal acordado por los Veintiocho hace dos años por el que la UE se comprometió al reparto de 160.000 personas llegadas a Italia y Grecia (inicialmente también se incluyó a Hungría, pero rechazó esta ayuda). Una iniciativa mucho más polémica que el reasentamiento desde países terceros, boicoteada una y otra vez por los países del Este, que podrían enfrentarse a sanciones si persisten en su oposición, una vez que la Justicia europea haya defendido la legalidad del plan. Aunque a partir de ahora los migrantes que lleguen a Italia y Grecia no tendrán derecho a ser reubicados, la Comisión recuerda que los países tienen que cumplir lo prometido.

Sólo han sido reubicadas 29.144 personas desde estos países en este tiempo, pero Bruselas considera que este esquema de ayuda temporal ha sido un éxito debido a la caída vertiginosa de llegadas (en un 97%) desde la firma del acuerdo migratorio con Turquía en marzo del 2016. A esta reducción del número de llegadas se une el diferente perfil de los migrantes que llegan a suelo europeo. En los últimos meses se ha incrementado el número de los denominados migrantes económicos que no tienen derecho a solicitar asilo. Por eso, la Comisión Europea calcula que pese a la brecha entre hechos y promesas (29.144 frente a 160.000) deben ser reubicadas únicamente unas 10.000 personas registradas en Grecia e Italia que sí cumplen los criterios para ser considerados refugiados.

Cuando nos planteamos Schengen no estamos hablando de algo trivial:

- Lo que se ha propuesto ahora mismo es que el cierre de fronteras en la UE venga motivado por amenaza terrorista más que por flujos migratorios. Esto da la posibilidad de que los países que han estado cerrado en estos dos años puedan acogerse a la cuestión terrorista en vez de los flujos migratorios. Basicamente lo que se hará es seguir sumando, ya no nos acogemos a amenazas por flujos migratorios sino por amenaza terrorismo para seguir sumando años.

- Cada estado hará una reivindicación país por país sobre a la UE. El Consejo europea tendrá que valorar cada petición de cada país por supuesta amenaza, será difícil que la UE se niega.

- Brexit se plantea una migración interna dentro de la UE

- La UE del este se plantea una migración de terceros países: Hungría fue de los primeros en recibir solicitantes de asilo, fue lugar de paso hacia el norte de europa.

- Replantearse Schengen, si buscamos una UE más fuerte hay que revisar el control de las fronteras externas, El control fronteras internas no porque es replantarse la base de la UE. Prefiero no repaltnerse interno sino externo.

- Hay que buscar una gestión de los flujos que vienen de terceros países y plantear vias de entrada legales que sean más seguras