Bolivia

La muerte de otro preso eleva a 31 la cifra de víctimas en una cárcel boliviana

La muerte hoy de otro preso por graves quemaduras elevó a 31 la cifra de víctimas en la reyerta ocurrida el viernes entre dos bandos de la cárcel de la ciudad boliviana de Santa Cruz (este), anunció una fuente oficial.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó a medios estatales sobre la muerte del recluso en un hospital donde había sido ingresado para ser tratado de sus quemaduras.

El enfrentamiento por el control de una sección del penal tuvo lugar en el penal de Palmasola de Santa Cruz, considerado el más conflictivo de los centros penitenciarios que hay Bolivia.

Hay otros 37 heridos de gravedad en los hospitales de Santa Cruz, la mayoría con graves quemaduras que en algunos casos abarcan entre el 60 y 90 % de sus cuerpos, según los medios de comunicación.

La mayoría de los presos perdieron la vida el viernes calcinados debido a que sus agresores hicieron explotar dos bombonas de gas y usaron otras como lanzallamas.

Los agresores también atacaron a sus rivales con machetes, cuchillos y palos y posiblemente también con armas de fuego porque en el lugar del choque se encontraron casquillos de bala.

Entre los fallecidos hay un niño de año y medio que era uno de las decenas de menores que viven en Palmasola con sus padres, una práctica aceptada en las cárceles de Bolivia cuando no tienen otros familiares que los acojan.

El Gobierno ha reconocido que en muchos casos los internos mandan en la penitenciarias bolivianas porque el sistema carcelario no tiene el suficiente control de parte del Estado.

La mayoría de las cárceles funciona con un régimen abierto, sin celdas propiamente dichas, sino con viviendas que muchas veces son construidas por los mismos reos y alquiladas o vendidas a otros presos, lo que motiva desigualdades entre los internos.

Las cárceles presentan serios problemas de conflictividad y hacinamiento debido, entre otros factores, a que el 83 % de los más de 13.800 reclusos está en prisión preventiva sin sentencia y sus casos sufren el crónico retraso en la administración de justicia del país.