La Comisión Europea presiona a Londres con un Brexit rápido

Bruselas establece que las conversaciones con Reino Unido acaben en octubre de 2018

Bruselas está dispuesta a empezar a marcar los tiempos a Reino Unido en el proceso de divorcio del bloque comunitario. El jefe negociador de la Comisión Europea, el francés Michel Barnier, compareció ayer por primera vez ante la Prensa para marcar territorio ante Londres y anunciar, de manera inesperada, las intenciones de la capital comunitaria de que el divorcio dure 18 meses y esté listo para octubre del año 2018. La primera ministra británica, la «tory» Theresa May, ha mostrado su compromiso de invocar el artículo 50 antes del mes de marzo y Bruselas presiona para que no haya nuevos retrasos ante el temor de que el voto en el Parlamento británico lastre el proceso.

El propio Barnier reconoció ayer que este periodo será más corto del inicialmente previsto. El artículo 50 establece un lapso mínimo de dos años que puede ser prorrogado a tres si hay acuerdo entre los Veintisiete y Londres. En caso de discrepancias, una vez superados estos plazos, Reino Unido quedaría a la intemperie y pasaría automáticamente a ser considerado un país tercero. En los pasillos comunitarios siempre se ha dado por supuesto que, ante un proceso inédito y de resultados imprevisibles, estos plazos iban a agotarse e, incluso, quedarse escasos. Pero parece que Bruselas está dispuesta a acelerar en un intento de llevar la batuta en las negociaciones y marcar los tempos y también los contenidos. En esta línea, Barnier aprovechó ayer su comparecencia para repetir las «líneas rojas» de la negociación que se han convertido en el mantra preferido de las capitales europeas, unidas sin fisuras: no habrá ningún tipo de acuerdo preliminar antes de la invocación del ya célebre artículo de salida ni tampoco trajes a la medida para Londres.

«Los terceros países nunca pueden tener los mismos derechos y beneficios que los Estados miembros porque no están sujetos a las mismas obligaciones», resumió Barnier tras recordar que las cuatro libertades principales del mercado único (trabajadores, capitales, bienes y servicios) son innegociables. Dentro de esta estrategia de poner coto a las intenciones de Reino Unido de conseguir el pleno acceso al mercado único sin respetar los derechos de los ciudadanos europeos que trabajan al otro lado del Canal, Barnier también recordó que corresponde a los británicos el definir su estatuto futuro en sus relaciones con Bruselas.

El Ejecutivo de Theresa May, hasta ahora sin éxito, ha intentado entablar negociaciones preliminares con la capital comunitaria para aclarar este punto antes de invocar el artículo 50. Sus todavía socios europeos se han negado en redondo y esperan al comienzo de las negociaciones formales –establecidas desde ahora en los 18 meses– para etiquetar las futuras relaciones tras la ruptura. Una vez concluidas, el tratado de divorcio deberá contar con la aprobación de los Gobiernos europeos y el aval de la Eurocámara. Ante la falta de un traje a medida, Reino Unido deberá optar por un acuerdo comercial como el que Bruselas ha suscrito con Canadá, sujeto a duras negociaciones, o por el modelo noruego con pleno acceso al mercado único a cambio de respetar la libre circulación de trabajadores, contribuir al Presupuesto comunitario y acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un ejemplo ayer citado por Barnier, aunque sin especificar si ésta es la receta preferida por Bruselas.

Las tensiones entre Bruselas y Londres son palpables. La apuesta del Gobierno de May de forzar la cuerda con el anuncio de un «Brexit duro», en vez de dividir y debilitar a las capitales europeas, ha conseguido todo lo contrario. Las consecuencias para el sector financiero son, al menos por el momento, imprevisibles y Bruselas no está dispueta a ceder. El presidente del Eurogrupo, Jeron Dijsselboem, demandó ayer una actitud diferente por parte de Londres. «El Brexit puede ser suave y puede ser ordenado, pero requiere una actitud diferente de Reino Unido, porque lo que he escuchado hasta ahora es incompatible con algo suave y ordenado». El ministro de Finanzas británico, Philip Hammond, presente en la capital comunitaria en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiochos, si bien se mostró abierto a negociar «cualquier estructura» que incluso lleve aparejada la aportación de fondos británicos, defendió que su país sólo aceptará un acuerdo que sirva a los intereses británicos.

Mientras, Luis de Guindos señaló que España aportará «todo lo que pueda» en la «negociación civilizada» y aseguró que tiene en cuenta que es un país con el que España mantiene «lazos económicos y comerciales». «Aunque no sea nuestro principal socio comercial, desde el punto de vista de la globalidad de las relaciones económicas es sin duda el más importante para España», dijo.