La ONU certifica los crímenes de Maduro

El informe final del Comité de DD HH denuncia ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzosas a manos de las Fuerzas de Seguridad a la que atribuye, al menos, 46 asesinatos.

La ONU publicó ayer un informe que certifica el acta de defunción del Estado de Derecho en Venezuela. Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos del organismo internacional, Zeid Taad al Hussain, la democracia en la República Bolivariana «apenas sigue viva» y existe «una política de represión» para terminar con cualquier atisbo de disidencia política contra el régimen de Nicolás Maduro que va más allá de hechos particulares. El texto concluye que «el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados».

Este informe definitivo –el preliminar se publicó el pasado 8 de agosto– culpa al régimen de la muerte de al menos 46 manifestantes en la represión vivida entre el 1 de abril y el 31 de julio, periodo en el que fallecieron 124 personas. Según esta investigación de Naciones Unidas, las Fuerzas de Seguridad bolivarianas son responsables de estas muertes producidas por la inhalación de gases lacrimógenos, la utilización de perdigones de plástico y canicas, el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas y armas de fuego. 27 de las 124 muertes son achacadas a los grupos armados progubernamentales y todavía no se ha podido dilucidar la responsabilidad de los otros 51 fallecimientos.

Esta investigación llevada a cabo por el Alto Comisionado se realizó a través de 125 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, sede de la institución, ya que el régimen chavista no ha permitido que el organismo pueda recabar datos sobre el terreno. Entre los testimonios utilizados se encuentran víctimas y familiares, testigos, representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, personal de primeros auxilios y miembros del Ministerio Público.

Según el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que el Alto Comisionado califica como «fiable», más de 5.000 personas fueron detenidas durante el periodo de protestas y de éstas, más de 1.000 permanecían encarceladas el 31 de julio. Al menos 609 civiles arrestados durante las protestas previas a la celebración de comicios para poner en marcha la Asamblea Constituyente tuvieron que comparecer ante tribunales militares. Además, según la ONU, «algunas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas, en la medida en que las autoridades, durante un período inicial, se negaron a confirmar el destino o el paradero de las personas detenidas».

La vulneración de los derechos humanos no termina aquí. Para el organismo internacional resulta probado que las Fuerzas de Seguridad bolivarianas «a menudo» han sometido a los detenidos a «tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y, en varios casos documentados, los malos tratos han constituido formas de tortura. Entre los malos tratos documentados figuran la utilización de descargas eléctricas, fuertes palizas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte, con el objetivo de castigar, humillar y aterrorizar a los detenidos, así como de extraer confesiones e información sobre presuntas actividades antigubernamentales».

El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada). Según los testimonios recabados, los guardias nacionales esposaron y suspendieron a un hombre de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas con sólo la punta de los dedos de sus pies tocando el suelo mientras era golpeado, sin recibir ni comida ni agua. La ONU también certifica casos en que las Fuerzas de Seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.

El Ministerio Público inició investigaciones sobre 1.958 denuncias por lesiones sufridas durante las manifestaciones que desde primeros de abril inundaron las calles de las principales ciudades del país. En el 60% de los casos los presuntos autores eran miembros de las Fuerzas de Seguridad, mientras que el resto serían responsabilidad de civiles armados, conocidos como colectivos y que ejercen de «milicia» chavista y que, incluso, han asaltado la Asamblea Nacional para atemorizar a la oposición. En 53 casos, las víctimas eran menores.

Como modo de seguir aterrorizando a la población a través de todos los medios posibles, también se han perpetrado «allanamientos ilegales y violentos en conjuntos residenciales por parte de las Fuerzas de Seguridad, con el supuesto objetivo de detener a los manifestantes. Las operaciones de seguridad en zonas residenciales se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y la destrucción deliberada de bienes, lesionando gravemente el derecho a la vivienda y a la vida privada»

Durante la rueda de prensa con motivo de la presentación de este informe, Al Hussein pidió al Gobierno de Maduro que siga las recomendaciones de Naciones Unidas y ha solicitado al Consejo de Derechos Humanos que considere «tomar medidas» para paliar la situación.