Kenia
Las denuncias de fraude incendian Kenia
El opositor Odinga alerta de un «hackeo» al sistema de recuento que da la victoria a Kenyatta, mientras las protestas se extienden por el país y dejan cinco muertos por la represión policial
El opositor Odinga alerta de un «hackeo» al sistema de recuento que da la victoria a Kenyatta, mientras las protestas se extienden por el país y dejan cinco muertos por la represión policial.
A las urnas les siguieron los gases lacrimógenos y la violencia. A las pocas horas de que se hicieran públicos los resultados provisionales de las elecciones presidenciales de Kenia, el líder de la oposición, Raila Odinga, denunció un fraude masivo en el sistema de recuento. Los datos preliminares, con un 96% de los votos escrutados, el presidente saliente y aspirante a repetir en el cargo, Uhuru Kenyatta, conseguía el 54,4% del apoyo ciudadano, lo que le librará de una segunda vuelta, frente al 44,8% de Odinga, una diferencia de 1,4 millones de votos. Sin embargo, su rival y viejo conocido en contiendas electorales, aseguraba que se había producido una alteración del sistema informático encargado de contar los votos gracias a la actuación de piratas informáticos especializados que introdujeron un algoritmo para falsificar los resultados y dar una ventaja de once puntos a Kenyatta. «Es una conspiración masiva, largamente planeada y que eleva el fraude del régimen. Este pirateo afecta de forma definitiva a los resultados, es una tragedia de proporciones monumentales», afirmó el candidato. Desde la coalición que lidera, Súper Alianza Nacional, explicaron que se habría utilizado la identidad de Chris Msando, director de telecomunicaciones de Comisión Electoral, que fue asesinado hace diez días, para acceder a los sistemas de recuento.
«En este momento es imposible saber con certeza si se ha producido fraude electoral, sin embargo es muy preocupante la muerte de Msando, lo cual ha aumentado los temores a que se produjeran alteraciones. Ahora hay que esperar a los informes de monitorización de la jornada electoral. Eso sí, lo que más importa es la opinión pública, si realmente creerá el resultado o no», asegura a LA RAZÓN Kenneth Menkhaus, profesor de la Universidad Davidson y experto en procesos electorales en Kenia. La denuncia de Odigna tuvo un eco social inmediato y se registraron varios altercados en diversos puntos del país. Según informó Reuters, la Policía reprimió con disparos y gases lacrimógenos a manifestantes en suburbios de Nairobi, como Mathare, así como en otras localidades como Kisumu. En estos focos de protestas, decenas de kenianos lanzaban piedras y prendieron hogueras en plena calle. Al cierre de esta edición, al menos cinco personas habían fallecido fruto de la represión policial en el barrio chabolista de Mathare, feudo de Odinga. Este brote de violencia hizo presagiar lo peor al recordar los 1.300 kenianos que murieron tras los comicios de 2007. «Es posible un rebrote de la violencia, pero no a los mismos niveles de 2007. Hay fuertes intereses tanto a nivel local como global para que esto no se produzca. La preocupación en 2017 se basa en un patrón diferente de violencia post electoral a nivel local o de condados debido a la descentralización política que ha desplazado gran parte del control del presupuesto del Gobierno. Ahora a este nivel las luchas son muy intensas por el control de recursos naturales», explica Menkhaus. A nivel superficial, las tribus enfrentadas son las del presidente Kenyatta, los Kikuyu –la más grande del país–, y los seguidores de Odinga, los Luo. Sin embargo las alianzas entre estas dos y otras menores han cambiado a lo largo de los años en función de intereses partidistas. «Las élites políticas los manipulan en función de sus propias agendas», apunta el experto.
«Si Odinga acepta la derrota, nosotros la aceptaremos. Si rechaza los resultados y nos pide que salgamos a la calle, saldremos a la calle», dijo a Efe un vecino del barrio Kibera, en la capital del país. La comunidad internacional espera que el opositor envíe un mensaje de calma aunque siga exigiendo una investigación sobre el supuesto fraude. «Debemos abstenernos de cualquier actividad que ponga en peligro la vida de los demás o del país», insistían desde el Gobierno.
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