La Justicia acorrala a Lula

La Policía saca al ex presidente de Brasil de su casa para interrogarle por su relación con la trama de Petrobras.

Luiz Inacio Lula da Silva el pasado 29 de febrero
Luiz Inacio Lula da Silva el pasado 29 de febrero

La Policía saca al ex presidente de Brasil de su casa para interrogarle por su relación con la trama de Petrobras.

Brasil vivió ayer una jornada frenética que amenaza con desembocar en un terremoto de consecuencias políticas y sociales impredecibles. A la seis de la mañana, la Policía federal hacía aparición en la residencia privada del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y, con una orden judicial bajo el brazo, lo llevaba a declarar a comisaría para esclarecer si él o su familia se beneficiaron de la trama de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras.

La fiscalía y los investigadores de la Operación Lava Jato (Operación Limpieza) sospechan desde hace meses que Lula y su familia podrían haber recibido millonarias donaciones realizadas por al menos cinco empresas que están siendo investigadas por su implicación en el desfalco de por lo menos 2.000 millones de dólares de Petrobras. Según el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, el ex mandatario habría utilizado su fundación –el Instituto Lula– para recibir de esas empresas 20 millones de reales (unos cinco millones de euros) en donaciones. Asimismo, otra compañía asociada a Lula, la LILS Palestras, ingresó otros diez millones de reales (2,5 millones de euros) por conferencias que los investigadores están esclareciendo si realmente fueron pronunciadas por el ex mandatario brasileño.

El Ministerio Público también sospecha que Lula y su familia se habrían beneficiado de la trama por medio del usufructo –pero sin titularidad en las escrituras– de dos lujosas propiedades. La primera es un tríplex en Guarujá (localidad balnearia junto a Sao Paulo) que habría reformado a su gusto y el de su familia con coste a cargo de una empresa constructora acusada en participar en la trama Petrobras. La segunda es una opulenta finca con piscina en el municipio montañoso de Ataíba, donde toda la familia Lula habría pasado largos períodos vacacionales.

«Es un día importante para la República. No hay nadie inmune a la investigación», dijo el fiscal Santos Lima, horas después de que se desatara la tormenta por la operación policial. Lula no ha sido imputado y el juez que dirige la Lava Jato, Sergio Moro, rechazó la petición de la fiscalía de proceder a su detención provisional. Pero la magnitud de la operación lanzada ayer –son en total 11 personas interrogadas del entorno del ex presidente y 33 registros en Río de Janeiro, Sao Paulo y Salvador de Bahía– indican que hay elementos sólidos que podrían implicar a quien muchos brasileños consideran el político más influyente de las últimas décadas.

En un marco ya extremadamente complejo para Brasil por la profunda crisis política y económica, la operación provocó inmediatamente reverberaciones de todo tipo. La televisión dedicó varias horas de directo a la noticia y desplegó incluso helicópteros para captar la imagen de Lula escoltado por las fuerzas del orden para declarar, mientras su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), instaba a sus militantes a salir a la calle para defender al ex sindicalista, lo que no tardó en suceder. Se trata probablemente de las primeras señales de que este caso puede polarizar aún más Brasil. En particular después de que Lula prometiera ayer «recorrer todo el país» para movilizar a sus militantes y seguidores.

En una comparecencia pública en la sede del PT –adonde fue directamente tras prestar declaración–, el ex mandatario, vestido de negro y visiblemente irritado, volvió a utilizar el que quizá fue su mayor recurso político: evocar su historia personal de superación y defender a capa y espada su honorabilidad y su legado como presidente.

«Me sentí prisionero desde esta mañana», dijo Lula, quien se declaró «indignado», «ofendido» y «ultrajado» por el «espectáculo» con fines mediáticos. «No hay explicación de por qué han ido detrás de mis hijos, si no es el hecho de que sean mis hijos. Hoy en este país ser amigo de Lula parece que es algo peligroso. Hay que criminalizar al PT o a Lula, porque puede querer continuar en el Gobierno».

Dijo no entender por qué el juez dio la orden de ir a buscarle a su domicilio, en lugar de citarle a declarar. «Nunca rechazaría ir a prestar declaración. Sólo había que comunicármelo. Prefirieron usar la arrogancia y la prepotencia. Hacer un espectáculo de pirotecnia», criticó, antes de asegurar que fue el «mejor presidente» que tuvo el país. «Creo que yo merezco algo más de respeto en este país. Escapé de morir de hambre antes de los cinco años. En la zona donde yo nací que eso pasara era un milagro».

Arropado por la plana mayor de su partido prometió volver a sus orígenes de incansable orador y sindicalista. «A partir de la semana que viene quien quiera que me invite, porque estoy dispuesto a recorrer este país», aseguró. Horas antes, la dirección del PT había pedido a los militantes «movilización y vigilia», lo que parece indicar que en las próximas semanas Lula tratará de usar su tirón popular no solo para presionar a la Justicia sino probablemente para medir fuerzas acerca de una eventual candidatura a la presidencia en 2018. «No sé si me presentaré», dijo ayer. La presidenta Rousseff defendió a su antecesor y padrino político, y descalificó a uno de los delatores de la corrupción en la estatal Petrobras, que los implicó a ambos en esos asuntos. En un mensaje transmitido por televisión desde el Palacio presidencial, y flanqueada por sus ministros, Rousseff reiteró su «más absoluto inconformismo» con la operación policial de la que fue objeto Lula. En este contexto, el presidente de la mayor patronal de Brasil, Paulo Skaf, pidió la renuncia de Rousseff, debido a la crisis económica y a la corrupción. Por su parte, la Bolsa reaccionó con ganancias y subió un 4,23 % mientras que el real registró un aumento en su cambio frente al dólar.