La política de tierra quemada de Asad

Las pruebas de la organización Human Rights Watch (HRW) sobre la demolición ilegal y deliberada de miles de viviendas sirias ponen, de nuevo, al Gobierno de Damasco en situación crítica. Es la segunda de las investigaciones internacionales hechas públicas desde que comenzara la cumbre de paz sobre Siria en Ginebra que podrían llevar a Bachar al Asad y a altos cargos de su Ejecutivo al Tribunal de La Haya por una larga lista de crímenes contra la población civil. Aunque los esfuerzos empleados en esta conferencia no habían dado resultados sólidos y los compromisos logrados hasta la fecha eran mínimos, el informe de HRW que denuncia que el régimen «ha arrasado barrios enteros de civiles» y los informes sobre miles de torturas y ejecuciones sumarias de opositores han terminado por enturbiar cualquier atisbo de entendimiento entre la oposición y Damasco.

La investigación, resumida en 38 páginas, documenta las demoliciones ilegales a gran escala entre julio de 2012 y julio 2013 y abarcan un área de al menos 145 hectáreas, lo que equivale a unos 200 campos de fútbol. En total, HRW tiene pruebas de siete casos de destrucciones masivas en bastiones rebeldes que buscaban «castigar» a la población civil. Esas pruebas las ha conseguido a través de imágenes por satélite, fotografías y vídeos, así como testimonios sobre el terreno. En el informe titulado «Destrucción de la tierra: las demoliciones ilegales de los barrios de Siria en 2012 y 2013», la organización internacional insiste en que las demoliciones no estaban dirigidas a objetivos militares, como asegura el Gobierno, sino a «castigar» a la población civil y causarle «daños desproporcionados». «Limpiar barrios enteros del mapa –con explosivos y excavadoras– no es una táctica legítima en la guerra», denunció Ole Solvang, el investigador de emergencias de HRW. Muchos de los edificios demolidos eran bloques de apartamentos, algunos de ellos de hasta ocho pisos, y miles de familias han perdido sus hogares como consecuencia de estos ataques, «demoliciones ilegales que son la última constatación de una larga lista de crímenes cometidos por el Gobierno», apostilló.

La organización instó al régimen a acabar «inmediatamente» con unas demoliciones que violan las leyes internacionales e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que traslade la investigación al Tribunal Penal Internacional.

Con los testimonios, la ONG ha constatado que las demoliciones estaban esencialmente dirigidas contra la oposición. Así lo aseguró el gobernador de Damasco, Husein Majlouf, en una entrevista en octubre de 2012. Las fuerzas gubernamentales no advirtieron de los derribos a los residentes, lo que les impidió recuperar la mayoría de sus pertenencias, por las que no han sido compensados.

El informe coincidió con el penúltimo día de negociaciones en Ginebra tras una semana de desencuentros y desaires entre el régimen y la oposición. Sin haber llegado a ningún acuerdo, la delegación de Damasco y la opositora volverán a sentarse en la mesa de negociaciones el 10 de febrero. Las nuevas discusiones se centrarán en la aplicación del «Comunicado de Ginebra», algo que el régimen acepta con muchas reservas porque contempla la salida de Asad. La prioridad de Damasco es combatir a los «terroristas», como denomina a los rebeldes armados, mientras que la oposición persigue que el Gobierno se comprometa a abrir corredores humanitarios, a un alto el fuego y a un cambio de poder, es decir a los puntos acordados en junio de 2012 por EE UU, Rusia y la ONU, y que también hacen mención a un gobierno transitorio. El éxito de esta primera ronda de negociaciones fue el minuto de silencio que guardaron ambas partes por los más de 120.000 muertos en tres años de conflicto. También ha sido positiva la simple reunión en la misma mesa de las partes, a través del mediador Brahimi.