La tibieza de Sánchez subleva a los barones del PSOE

Se suma a la retórica inflamada sin concretar actuaciones, mientras Page pide ilegalizar a los partidos soberanistas.

La «operación distensión» del Gobierno se ha demostrado un auténtico fracaso hasta el momento. Los esfuerzos gubernamentales para atraer a las formaciones independentistas hacia el diálogo y la moderación solo han tenido como resultado una foto entre Pedro Sánchez y Quim Torra que, a día de hoy, carece de vigencia, ante la negativa de uno de sus protagonistas a reeditarla, y la reactivación de unas comisiones bilaterales que trabajan a baja intensidad y que solo están sirviendo para aliviar el horizonte judicial y económico de la Generalitat. Por el contrario, los soberanistas le niegan el pan –o lo que es lo mismo el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado– al Ejecutivo y a días, el presidente de la Generalitat compromete el buen rumbo del diálogo apoyado en los CDR (Comités de Defensa de la República). Esto ha hecho que los pronunciamientos del Gobierno en favor de los indultos o negando los delitos de rebelión a viva voz y de mano de la Abogacía del Estado solo hayan servido para perjudicar los intereses electorales del PSOE en los últimos comicios en Andalucía y en los que están por venir, el 26 de mayo.

Esta disyuntiva obligó al Gobierno a cambiar el paso para evidenciar sus diferencias con el soberanismo y marcar distancias discursivas con estas formaciones de cara al próximo ciclo electoral. A esta estrategia se debe el giro al centro de Sánchez –aprovechando el más que probable pacto de PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía–, la decisión de presentar los Presupuestos o el tono que exhibió el propio presidente del Gobierno ayer durante su comparecencia monográfica sobre Cataluña y el Brexit. Sánchez equiparó continuamente ambos escenarios para evidenciar que «transitan por las sendas paralelas» de un «relato manipulado» que «socava el proyecto común». El jefe del Ejecutivo empleó un tono duro, más contundente del que habitualmente utiliza para referirse a quienes fueron sus socios de la moción de censura. Pero a pesar de la retórica inflamada –muy propia del soberanismo– no se deslizó de su intervención ningún anuncio o intención que permita intuir que el Gobierno planea una aplicación inminente del artículo 155. Sin citarlo, Sánchez sí recurrió a la advertencia tradicional de que se responderá de forma «firme, serena, proporcional y contundente» en caso de que se produzca el quebranto de la legalidad por parte del independentismo.

Nada más, excepto palabras gruesas. De hecho en Moncloa existe satisfacción por lo que consideran una «rectificación» de la Generalitat, al responder a las misivas remitidas por el Gobierno apuntando que garantizarán la seguridad. No obstante, mientras Sánchez advertía en el hemiciclo de que de no hacerlo, el Ejecutivo desplazaría a Cataluña «un número suficiente» de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, la vicepresidenta asumía que el Govern ya ha garantizado «como corresponde» la futura actuación de los Mossos.

No se muestran tan convencidos los barones territoriales del partido, que buscan de manera incansable marcar distancias con el discurso gubernamental de cara a sus citas con las urnas en mayo, rebelándose contra la estrategia impuesta por Moncloa. En esta tarea se afanó ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuando –en una entrevista en Onda Cero– dejo abierta la puerta a la ilegalización de los partidos soberanistas. El presidente castellano-manchego se preguntó si caben en la Constitución y si pueden seguir «beneficiándose» de la misma «quienes solo buscan socavarla» y asimiló estas formaciones con las que ya fueron ilegalizadas en el País Vasco por su relación con el terrorismo de ETA. Page considera que hoy por hoy no se dan las condiciones de «ruptura constitucional» para aplicar el artículo 155, pero otros dirigentes, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, sí demandan una intervención activa del Gobierno en Cataluña sí vuelven a producirse incidentes como los ocurridos durante el fin de semana a manos de los CDR.

Moncloa busca romper cualquier eventual eje de actuación crítico y reunió ayer a los secretarios generales del PSOE que no presiden gobiernos autonómicos en Moncloa. Un enclave cuestionable tratándose de un encuentro más orgánico que institucional. En esta reunión, Sánchez buscó insuflar ánimo a sus «tropas», defendiendo la gestión del Ejecutivo en Cataluña y animando a vender los escasos réditos de los meses de gobierno socialista, en concreto aquellos que todavía no se han llegado a materializar, pero que tienen previsto hacerlo en el corto plazo: como la subida del Salario Mínimo o la revalorización de las pensiones. El presidente reivindicó que sus pactos con los soberanistas no son el factor que ha decantado la debacle en Andalucía y demandó «unidad» al partido, ante las tensiones que se están suscitando en el seno del PSOE y que anticipan –como se ha visto en algunos territorios disconformes con la estrategia de Moncloa– que cada líder pueda fijar por su cuenta su hoja de ruta de cara al 26-M.