La venganza del fujimorismo o la estrategia de morir matando

Keiko Fujimori, en prisión preventiva, y su partido, que domina el Parlamento, han torpedeado la acción del Gobierno desde su derrota inesperada en las urnas en 2016

La crisis política que vive Perú tiene un nombre propio, el fujimorismo. El ex mandatario Alberto Fujimori, que presidió el país entre 1990 y 2000, está en la cárcel cumpliendo una pena de 25 años. Su hija Keiko ha seguido el mismo camino y desde octubre del año pasado cumple prisión preventiva.

Sin embargo, el movimiento político de los Fujimori, aunque dividido y debilitado, controla aún los resortes de una cuota de poder. Desde 2016 es la fuerza opositora que domina el Congreso peruano. Numerosos casos de corrupción en sus filas atenazan el futuro de Fuerza Popular, el partido de Keiko. La manera de frenar este sombrío horizonte era conquistar la presidencia del país o, al menos, controlar el Tribunal Constitucional.

Y este es precisamente el episodio que ha desencadenado la tormenta política actual, que ha terminado con la suspensión del Parlamento y la convocatoria de elecciones en enero de 2020 en un clima de gran polarización que ha ido creciendo en los últimos tres años.

¿Pero cómo ha llegado la clase política del país hasta este punto? Todo arranca con los comicios presidenciales de junio de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ganó por 42.597 votos de ventaja sobre Keiko Fujimori. Esa derrota por la mínima, cuando muchos daban por descontado el triunfo de Keiko, frustró sus planes de hacerse con las riendas del país y conceder el indulto a su padre, que cumple una condena hasta 2032 por las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.

Pese al varapalo, el fujimorismo logró quedarse con un 56% de los escaños, y desde esa atalaya se puso a trabajar para torpedear la acción del nuevo Gobierno. La estocada más dura vino con la difusión de vídeos y audios en los que se demostraba que Kuczynski y su entorno maniobraron para frenar la destitución del presidente, envuelto en la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Kuczynski finalmente se vio obligado a dimitir y su puesto lo ocupó el vicepresidente Martín Vizcarra. Odebrecht también se llevó por delante a la propia Keiko, acusada por financiación irregular con dinero de la constructora Odebrecht en las campañas electorales de 2011 y 2016. Vizcarra ha estado en la diana de la oposición desde que asumiera la presidencia en 2018, lo que produjo un bloqueo legislativo a cualquier iniciativa que salía del presidente.

El pasado mes de agosto, la justicia denegó al libertad condicional a Keiko “por peligro de obstaculización de la justicia”. Su partido inició entonces un proceso calificado de poco transparente para renovar seis puestos del Tribunal Constitucional.

Vizcarra contratacó y planteó la necesidad de reformar el procedimiento para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. El legislativo echó por tierra la iniciativa del presidente y, además, nombró al jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo hermano del jefe del Congreso, el fujimorista Pedro Olachea, como nuevo miembro del alto tribunal.

El presidente Vizcarra fue a por todas y decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones para el 26 de enero. El Congreso a su vez suspendió a Vizcarra durante 12 meses por "incapacidad temporal"y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”, dando como resultado que Perú amaneció el lunes con dos jefes de Gobierno. El último capítulo de esta guerra lo ha protagonizado la propia Mercedes Aráoz al anunciar en las últimas horas que renuncia al cargo.

Detrás de este embrollo político subyace una guerra de poder, un pulso del fujimorismo que quiere evitar a toda costa varios procesos judiciales en los que se halla inmerso. Uno de ellos es el que atañe al propio Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver un recurso que pide la libertad del ex presidente.

En realidad el jefe del clan Fujimori fue indultado por su rival Kuczynski, presumiblemente como parte de un trato para que el fujimorismo no apoyara la destitución del propio Kuczynski. Sin embargo, la justicia peruana anuló el indulto y el ex mandatario volvió a presión.

Todos estos movimientos se producen a unos días de que el ex director de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, sea interrogado por la Fiscalía, momento en el que podrían salir los nombres de muchos congresistas que recibieron sobornos de la empresa brasileña.

Hay analistas que señalan que Vizcarra ha jugado en el límite de la legalidad al disolver el Parlamento. Otros expertos sostienen que será el ganador de esta partida, ya que cuenta con no poco apoyo social y el respaldo de las Fuerzas Armadas.