La UE llega a un acuerdo sobre la reforma del pacto migratorio

Las capitales europeas han cerrado este miércoles el último fleco que quedaba dentro del paquete legislativo para reformar las normas de asilo europeas. Los Veintisiete han dado luz verde a un mecanismo de emergencia que intenta aliviar la tensión de los países de primera línea de llegadas, con el objetivo de evitar situaciones como la sucedida en la isla italiana de Lampedusa en las últimas semanas. Esto significa que, ante un pico de flujos migratorios, los países de entrada podrán delegar en otros la gestión de las demandas de asilo y que el registro de las demandas de protección internacional no podrá demorarse más de cuatro semanas, con el fin de no sobrecargar las administraciones nacionales.

Precisamente este acuerdo estaba a punto de caramelo el pasado jueves durante la reunión de los ministros de Interior de los Veintisiete que tuvo lugar en la capital comunitaria, pero las reticencias de Italia hicieron que durante esa jornada fuera imposible llegar a la fumata blanca. El nuevo pacto también prevé aquellas situaciones en los que un país tercero, como fue el caso de Marruecos con España o Bielorrusia con Lituania, instrumentaliza las llegadas masivas de migrantes, en lo que supone un ataque híbrido con un propósito de chantaje político. Italia era partidaria de incluir en esta definición a las organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo rescates en alta mar, algo a lo que se oponían el resto de países. El pasado jueves, Alemania también rebajó sus exigencias iniciales sobre el trato dado a los migrantes en estas circunstancias de excepcionalidad, aunque tras asegurar provisiones especiales para los menores.

Tras unos cambios técnicos, este miércoles ha sido posible la luz verde en una reunión de embajadores. Los Veintisiete han conseguido este acuerdo casi in extremis antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete que va a tener lugar en Granada este jueves y viernes. De esta forma, se consigue que un dosier tan sensible como el de la inmigración no acapare todos los titulares ni eclipse resto de los asuntos.

A pesar de esto, la inmigración sigue sin ser un tema en el que haya unanimidad. Hungría y Polonia han votado en contra de este nuevo mecanismo, al entender que tendrá efecto llamada y aumentará el número de llegadas, mientras que República Checa, Austria y Eslovaquia se han abstenido.

La luz verde de este jueves permite no sólo desbloquear esta parte del paquete migratorio, sino también proseguir con el resto de la reforma del sistema, ya que la semana pasada la Eurocámara se había negado a proseguir las negociaciones hasta que este capítulo se mantuviera abierto.

Esto permite que ahora comiencen los contactos, para que haya un acuerdo definitivo entre las dos instituciones, en lo que tiene visos de convertirse en un sistema de solidaridad a la carta. Esto significa que aquellos países que no quieran reubicar a los refugiados deberán pagar 20.000 euros por cada persona que solicite el asilo. De esta forma, la UE pretende superar la dinámica de los últimos años tras la oleada de refugiados sirios del año 2015. Entonces la UE llegó a un acuerdo para un mecanismo de reparto obligatorio según cuotas que fue boicoteado sin descanso por los países del Este. A cambio, los Veintisiete también se han comprometido tanto a reforzar las devoluciones de los inmigrantes ilegales como a agilizar la tramitación de las solicitudes.

El propósito reside en llegar a un acuerdo sobre una reforma integral del sistema de asilo europeo antes de las elecciones a la Eurocámara del mes junio, para evitar que un nuevo fracaso dé alas a los partidos considerados euroescépticos. Mientras tanto, los países europeos siguen firmando pactos con los países de origen y transito, para que controlen la inmigración ilegal a cambio de fondos. El último fue suscrito con Túnez hace dos meses e incluye el pago de 250 millones de euros al país. Aunque parecía que las negociaciones para su cumplimiento iban por el buen camino, esta semana el polémico presidente de Túnez, Kais Saied, ha calificado como “irrisoria” esta cantidad. Las autoridades de Túnez habían cancelado la visita prevista para finales de la semana pasada de una misión del Ejecutivo comunitario para precisamente tratar la aplicación de este convenio. El pasado 14 de septiembre fue vetada la entrada de una delegación del Parlamento Europeo que pretendía conocer de primera mano la situación política del país ante las acusaciones de retroceso democrático.