El régimen chavista recurre a numerosas argucias para evitar el triunfo de la oposición. Modifica a su conveniencia el censo electoral y permite votar a los militares movilizados.

«Yo creo que las elecciones del 6 de diciembre pueden ser las más difíciles que ha enfrentado la revolución», apuntaba el presidente Nicolás Maduro a comienzos de octubre. Desde entonces, los oficialistas han obedecido a su lema «A la Asamblea, como sea», para activar la ingeniería electoral y evitar la derrota que anticipan todas las encuestas. El entramado de artimañas se desarrolla bajo el consentimiento de un Consejo Nacional Electoral (CNE) creado a imagen y semejanza del Gobierno, así como la ausencia de una observación internacional calificada. El poder electoral venezolano rechazó la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) o de la UE y tan sólo ha permitido el acompañamiento de una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La presidenta del CNE se volvió a mostrar irreductible ayer: «Los observadores internacionales que no estén acreditados no pueden entrar a los centros electorales. Aquí no puede venir ninguna organización, político o país a pasar por encima de lo que está establecido en nuestra Constitución. No pueden venir personas sin acreditación y entrar a todos los centros de votación. Todos los observadores políticos deben estar debidamente identificados». Esos observadores provienen de Corea del Sur, Rusia, República Centroafricana y Celac. Brasil rechazó enviar una delegación limitada a la labor de acompañantes.

En una contienda electoral que se presenta muy disputada, el Gobierno ha llegado a modificar leyes para asegurarse un puñado de escaños. La oposición lo llamó «bachaqueo [fraude] de diputados»: los cambios en índices poblacionales aprobados por el oficialismo para quitar parlamentarios en algunas circunscripciones, de tradición opositora, para trasladarlos a otros, de dominio chavista. Los cinco circuitos que ahora cuentan con un diputado adicional son circunscripciones donde el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha obtenido una ventaja superior al 25% desde 2008.

En la misma línea, Maduro decretó el estado de excepción en tres estados fronterizos con Colombia a finales de agosto, la primera vez durante los 16 años de chavismo. La orden afecta a 23 municipios donde se escogen nueve diputados, la mayoría en una reñida disputa. Además, a estas regiones se han movilizado 30.000 soldados que, gracias a un cambio de la ley electoral, podrán votar en circunscripciones que no les corresponden.

La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denuncia que la decisión de Maduro de desplazar esos efectivos se produjo el 14 de octubre, cuando se cerraban las etapas administrativas de apelación por parte de los partidos en torno a cualquier reclamación sobre el registro electoral. Para San Miguel, «estos soldados afines al chavismo pueden tener un peso decisivo en el resultado de esos estados rurales» donde se escogen 32 diputados.

En ninguno de los casos el CNE ha intervenido, pese a las reclamaciones de la oposición. Tampoco ha regulado el gasto y la financiación de la campaña oficialista. En los recorridos casa por casa, los candidatos de la alianza oficialista Gran Polo Patriótico (GPP) andan en compañía de alcaldes, gobernadores y ministros, y entregan diferentes obsequios como neveras o televisores. La Constitución prohíbe al Estado financiar partidos y la parcialidad de los funcionarios.

La ley electoral también prohíbe financiar la propaganda con recursos públicos, aunque eso no le ha impedido a Maduro organizar conciertos gratuitos con estrellas mundiales, usar vehículos oficiales o la televisión pública como escaparate. El propio CNE ordenó la retirada de 21 cuñas publicitarias opositoras. La oposición ha denunciado esas irregularidades, así como el desorbitado gasto de campaña del chavismo.

Por si esas maniobras fuesen insuficientes, el Gobierno impulsó la candidatura oficialista Min-Unidad, que escogió colocarse en la papeleta al lado de la lista opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El uso de la palabra «unidad» como símbolo puede generar confusión. En algunos lugares, además, los candidatos chavistas del Min-Unidad se han presentado con el eslogan «somos la oposición», para desorientar del todo a los votantes.

Ante el riesgo de irregularidades, el diario online Efecto Cocuyo ha abierto dos conversaciones de Whatsapp donde hacer las denuncias electorales. Por el momento, ya han recibido 700 quejas. Para Laura Weffer, responsable del proyecto, esta herramienta tiene la ventaja de que «permite proteger la identidad del denunciante, porque muchas veces por miedo no se presentan las reclamaciones».