Maduro «toma» el Supremo antes de Nochebuena

El chavismo es consciente de que tiene los días contados en la Asamblea Nacional y por eso no quiere perder tiempo para mover los últimos hilos antes de que la MUD (Mesa de Unidad Democrática) ocupe la mayoría de los asientos del Parlamento y su poder quede mermado. Ayer, la mayoría parlamentaria afín al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que cesará funciones el 4 de enero, convocó a cuatro sesiones extraordinarias el martes y el miércoles próximos para nombrar a doce jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un controvertido movimiento para colocar a sus peones en cargos de poder antes de dejar el control de la Cámara en manos de la oposición.

Así, este martes 22 y miércoles 23 de diciembre el Parlamento trabajará en dos maratonianas sesiones (hasta pasada la medianoche) para suplir la baja que causarán las jubilaciones anticipadas de 12 de los funcionarios. Según el artículo 38 de la Ley Orgánica del TSJ, se establece que dichos nombramientos deben realizarse con la aprobación de dos tercios de las Asamblea Nacional y que dichos magistrados deben permanecer en el ejercicio de sus funciones durante un único mandato, el cual durara doce años. Algo que en este caso no se cumple, pues todos los magistrados que ahora pretende renovar el chavismo ocuparon su asiento en el año 2004.

Además de los doce nombramientos oficiales, también se designarán doce suplentes. Entre los nombres de los titulares figura el de Elvis Amoroso, actual primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el cual, una vez se instale el nuevo Parlamento (donde el chavismo se queda con 55 diputados, mientras que la MUD alcanzará los 112), quedará fuera, ya que no consiguió la reelección. Amoroso es un hombre afín y cercano al presidente Nicolás Maduro, así como a su esposa, Cilia Flores. Es miembro del partido de gobierno y preside la Comisión de Postulaciones, precisamente la misma que propondrá los nombres de los futuros magistrados. Al expediente de Amoroso se suma otra irregularidad y es que el actual subsecretario de la Asamblea Nacional es su hijo, Elvis Júnior Hidrobo.

Otro de los hombres que el chavismo quiere apuntalar en el Poder Judicial es Calixto Ortega , un político que ha ocupado diversos cargos en el Gobierno nacional, y hace poco fue agregado de negocios de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Sin embargo, fue declarado persona non grata y debió abandonar este cargo. El chavismo apostó por él en las elecciones parlamentarias, pero salió derrotado, por lo que ahora optará por un puesto en el máximo tribunal venezolano. Otros de los dos nombres que más suenan son el de Christian Zerpa y César Sanguinetti, ambos diputados salientes.

La designación de los nuevos magistrados debe hacerse por mayoría calificada del Parlamento (111 diputados), pero el Partido Socialista Unido de Venezuela apenas tiene mayoría simple en la actual composición de la Asamblea (99 diputados). Sin embargo, no es la primera vez que el oficialismo incurre en una falta así. Hace un año exactamente nombraron a los presidentes del Poder Electoral, Poder Ciudadano y Poder Moral por un periodo de siete años por una mayoría simple.

Para frenar el atropello del chavismo varios juristas y expertos han impugnado las 387 candidaturas judiciales que se han anunciado. Los motivos que alegaron fueron los siguientes: irregularidades en el procedimiento de candidaturas judiciales y la ausencia de información sobre las aptitudes de los aspirantes a magistrados para optar por los cargos. Uno de los ex magistrados que llevó a cabo la denuncia argumenta que no existe una verdadera intención de renovar los cargos, sino de cubrir las plazas con ciudadanos que tienen una directa vinculación partidista con el Gobierno. «Estamos hablando de un proceso que se extenderá hasta después del 15 de enero. No hay posibilidad de que nombren a los magistrados el 23 de diciembre. Los magistrados deben ser aprobados por la nueva Asamblea», asegura René Molina, inspector general de Tribunales y uno de los que decidieron refutar el controvertido proceso.

Por su parte, los diputados opositores de la Mesa de la Unidad Democrática asistirán a las sesiones extraordinarias, aunque su capacidad de maniobra será muy limitada dada la mayoría chavista. Tan sólo podrán abstenerse de la votación y denunciar el procedimiento.