Obama antepone la seguridad a la libertad de prensa

La luna de miel entre el presidente Barack Obama y los medios de comunicación ha terminado de forma oficial. Y parece que esta ruptura será para siempre después de que el Departamento de Justicia haya obtenido los registros telefónicos durante dos meses de veinte líneas de la agencia de noticias más grande del mundo, Associated Press. En total, se habrían registrado las llamadas hechas por teléfono de alrededor de cien periodistas desde las oficinas de Nueva York, Washington, Hartford (Connecticut) y la sala de prensa de la Cámara de Representantes. Fue el viernes cuando el fiscal del distrito de Columbia, capital de Washington, Ronald C. Machen Jr., puso en conocimiento de la agencia –a través de una carta– que el Departamento de Justicia había obtenido de forma secreta los registros de las llamadas realizadas por sus reporteros y editores de 20 líneas de teléfono entre abril y mayo de 2012.

En una carta enviada el lunes por el presidente de Ap, Gary Pruitt, al fiscal general, Eric Holder, se destaca que esto es «una intrusión masiva y sin precedentes. No hay justificación posible para tal abordaje de la comunicación de Ap y sus reporteros. Estos registros revelan posibles comunicaciones con fuentes confidenciales y fuentes de las noticias de Ap durante un periodo de dos meses, proporciona una hoja de ruta de cómo Ap opera y revela información de sus actividades que el Gobierno no tiene derecho a saber», concluye Pruitt. Sorprende este acto del Departamento de Justicia, pues junto con el FBI, son las agencias de la Administración Obama que más filtraciones realizan a los periodistas cuando es de su interés. Incluso, a pesar de que ello haya perjudicado en algunas ocasiones a otros departamentos. Precisamente, desde que Obama llegó a la Casa Blanca, hasta seis altos funcionarios han sido acusados de proporcionar a la Prensa información confidencial, el doble que en todas las presidencias anteriores juntas. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, que compareció en la rueda de prensa diaria media hora después de lo programado, reconoció que «el presidente es un firme creyente en la primera enmienda [que contempla la libertad de religión, discurso y prensa], pero también cree que Justicia debe realizar sus investigaciones sobre ciertas actividades», explicó en clara referencia a las filtraciones. «Obama considera que debe haber un equilibrio entre libertad de prensa y seguridad», indicó Carney.

Anoche, el fiscal general, Eric Holder, comparecía después de que Carney departiera con los periodistas. «Las filtraciones que han tenido lugar han requerido que se aborde la situación de forma agresiva. Son muy serias», dijo Holder. El fiscal general reconoció que él mismo se ha tenido que retirar del caso y ha sido interrogado. Holder también explicó que «con las filtraciones se ha comprometido la seguridad nacional». La elección del momento en que se hicieron estos registros y las llamadas de los reporteros coincide con una investigación del Gobierno sobre una filtración. Realizada hace un año, desveló una operación de la CIA en Yemen contra un complot terrorista para bombardear un avión de pasajeros. Fue prácticamente hace casi un año cuando Ap publicó un artículo sobre la trama, que fue guardado durante varios días a petición de la Casa Blanca.

Desde la comunidad de periodistas y asociaciones de derechos civiles, las críticas no se han hecho esperar. El veterano investigador del «caso Watergate» que terminó con la presidencia de Nixon, Carl Bernstein, lo describió como «un acto nuclear». Si de algo no hay duda es de que desde que llegase a la Casa Blanca, Obama ha decepcionado de forma paulatina a los grupos que le apoyaron: Guantánamo, el matrimonio gay, la reforma migratoria... Y ayer nos tocó a los periodistas, al permitir que se vulnere la libertad de nuestro trabajo con el ataque a la agencia más importante del mundo.