Orban mantendrá el veto a los refugiados pese a su derrota

El primer ministro húngaro cambiará la Constitución para que la UE no pueda imponerle cuotas. Bruselas le recuerda que son obligatorias.

«Respetamos la voluntad democrática de los húngaros que votaron y de los que no», aseguró ayer de manera irónica el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas. Bruselas podía ayer, tras meses de malas noticias, respirar algo más tranquila, aunque sólo sea de manera momentánea. La baja participación, que no llegó al 40%, invalida el resultado del referéndum en Hungría, que se saldó con un 98% a favor de las tesis de su primer ministro, Viktor Orban, en contra del reparto de refugiados pactado con los socios europeos a través de un sistema de cuotas propuesto por la Comisión.

Pero en el fondo, nada o casi nada ha cambiado. En ninguno de los dos bandos. Orban, lejos de reconocer la derrota, calificó el resultado de «magnífico» y repitió incansable al desaliento el mismo mensaje del último año. «Bruselas o Budapest fue la pregunta y hemos decidido Budapest», aseguró sin hacer ningún tipo de mención al bajo número de participantes e incluso anunciando que introducirá en la Constitución una enmienda que le sirva de escudo contra la imposición de cuotas.

Bruselas se limitó a recordarle que los pactos están para cumplirse, en referencia al esquema aprobado en septiembre de 2015, por el que Hungría debía reubicar en su territorio este año y el que viene a 1.294 solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia de los 160.000 totales acordados por los socios europeos con la firme oposición del grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa). Desde el año pasado, Budapest no ha dado su brazo a torcer. No ha reubicado a ningún refugiado, ha construido un muro para impedir las llegadas, se niega a registrar e identificar a los demandantes de asilo en su territorio e incluso ha introducido penas de cárcel de hasta cinco años para los que entren ilegalmente en el país. Junto con Eslovaquia, ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Bruselas se ha limitado a predicar una y otra vez en el desierto sin mostrar mucho ímpetu a la hora de tomar cartas en el asunto, teniendo en cuenta que los países (también los que el año pasado respaldaron el sistema de cuotas sin ambages) están haciendo sus deberes a un ritmo desquiciantemente lento con una cifra algo superior al 3%. Bruselas volvió a recordar ayer que existen instrumentos para obligar el cumplimiento de la legislación comunitaria y que este tipo de decisiones corresponden al colegio de comisarios, sin aportar ni plazos ni medidas concretas.

Resulta evidente que los países del Este ya han empezado a ganar la batalla, si no lo han hecho ya, definitivamente. En el discurso del Estado de la Unión, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, aseguró que «la solidaridad no se puede imponer». Unas palabras que resultan asombrosamente contradictorias proviniendo del mismo Ejecutivo comunitario que en mayo propuso un sistema de cuotas –ya permanente– por el que los países que se nieguen a la acogida tendrían que pagar 250.000 euros por refugiado. Iniciativa que desde la pasada primavera no ha registrado apenas avances y que todo indica que quedará sepultada en el olvido. El denominado espíritu de Bratislava, tras la cumbre a 27 del pasado 16 de septiembre, confirmó esa tendencia con un texto de conclusiones sin apenas referencias a la crisis migratoria salvo para hacer hincapié en la necesidad de aumentar la vigilancia de las fronteras.