Piden ocho años para Munar por liderar una trama de captación de votos con fondos públicos

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para la expresidenta del Consejo de Mallorca y del Parlamento balear Maria Antonia Munar -sobre quien ya pesan dos condenas que suman once años y medio, una de ellas firme- por liderar una trama por la que fueron contratados, con fondos públicos de la Institución insular, militantes que en realidad se dedicaban a realizar trabajos y buscar votos en favor de la extinta formación nacionalista.

Junto a quien fuera dirigente histórica de UM, también está previsto que otros 17 excargos y afiliados del desaparecido partido se sienten en el banquillo de los acusados, entre quienes se encuentran el exvicepresidente insular Miquel Nadal, el exconsejero de Turismo del Gobierno Francesc Buils, el exconsejero de Hacienda Miquel ngel Flaquer, la exportavoz de UM Catalina Julve, y el exdirector general de Relaciones Institucionales Josep Lliteres, tal y como han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Las pesquisas se enmarcan dentro de la pieza diez del caso Voltor, y apuntan a que, pese a estar a sueldo del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), dependiente del Consejo, los militantes de UM no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían dedicado a trabajar para el partido. Es más, los fiscales sostienen que exaltos cargos insulares como Nadal favorecieron la contratación irregular de estos empleados con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

La jueza instructora, Carmen Abrines, interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal Miguel Angel Subirán después de que el exgerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los exaltos cargos de UM.

En total, según la documentación que fue entregada por Losada -también acusado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.

Cabe recordar que Munar, quien compareció de manera voluntaria ante la jueza, aseguró que no tiene "nada que ver"con la contratación de empleados por parte del Cilma. Mientras, tanto Nadal como su secretaria personal y la del exconsejero insular de Presidencia, Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la magistrada cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.

Otras causas, como Picnic y Ossifar, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.