EE UU presiona a los caseros para que compartan con las autoridades datos de sus inquilinos inmigrantes

En medio de la intensificación de las redadas migratorias en Estados Unidos, las autoridades han comenzado a presionar a propietarios y administradores de viviendas para que entreguen información confidencial sobre sus inquilinos, muchos de ellos migrantes. Según denuncias recientes, agentes de inmigración están solicitando datos personales como solicitudes de alquiler, contratos, tarjetas de identificación y hasta información sobre otras personas que residen en el mismo domicilio. Esta táctica, que no cuenta con aval judicial, es interpretada por expertos como una nueva fase en la política de deportaciones masivas impulsada durante la administración de Donald Trump.

Uno de los casos más notorios es el del abogado inmobiliario Eric Teusink, quien en Atlanta ha recibido múltiples quejas de clientes a quienes les han llegado cartas firmadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero sin la autorización de un juez. Para Teusink, estas solicitudes representan un riesgo legal importante tanto para los propietarios como para los inquilinos, ya que podrían violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por origen nacional.

Esta situación ha generado alarma entre los administradores y comunidades migrantes, que temen que la entrega de esta información facilite detenciones sin el debido proceso. Anthony Luna, director de una empresa que maneja mil unidades en Los Ángeles, ha confirmado que muchos propietarios se sienten presionados pero prefieren no colaborar si no hay una orden judicial que respalde las solicitudes. La expansión de estas prácticas supone un cambio significativo, ya que antes estas peticiones eran más comunes en policías locales y no directamente a los arrendadores.

Expertos legales insisten en que ICE debe contar con la autorización de un tribunal federal para hacer cumplir estas solicitudes, lo que garantizaría el derecho de los afectados a defenderse. También advierten que el lenguaje amenazante de estos requerimientos puede llevar a una respuesta automática por parte de los propietarios, exponiendo a los migrantes a procesos sin la debida notificación ni oportunidad de defensa.

Esta ofensiva administrativa abre un debate sobre los límites legales y éticos en la lucha contra la inmigración irregular, y pone en evidencia las tensiones entre las medidas de control migratorio y la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación vulnerable.