Reino Unido, atrapado en la unión aduanera de la UE

Tormenta política en Westminster al hacerse público que el fiscal advirtió a Theresa May de que el país puede permanecer atado «de manera indefinida» al bloque hasta que se cierre la negociación.

Ya no queda lugar a dudas: tras el Brexit, Reino Unido puede quedar dentro de la unión aduanera de manera «indefinida», sin posibilidad de salir unilateralmente y con la obligación de cumplir con la normativa comunitaria sin tener ya ni voz ni voto. La peor pesadilla para los «brexiters» quedó reflejada negro sobre blanco en el análisis legal completo sobre el acuerdo de divorcio que el Ejecutivo de Theresa May se vio ayer obligado a publicar tras dos humillantes derrotas en Westminster, y cuando apenas quedan cinco días para que sus señorías voten en última instancia el pacto de divorcio.

Mientras que el artículo 50 del Tratado de Lisboa permitía que Reino Unido se retirara de la UE cuando quisiera y de manera unilateral, no existe ahora ninguna disposición legal para que el país abandone el polémico «backstop» que recoge el acuerdo de retirada cerrado con Bruselas. La salvaguarda a la que tanto Londres como los Veintisiete se han comprometido para evitar una frontera dura en Irlanda ha supuesto para la «premier» Theresa May la principal fuente de problemas en casa. Ni el núcleo duro euroescéptico de sus propias filas, ni los norirlandeses del DUP que la mantienen en el Gobierno veían con buenos ojos una medida que deja a Reino Unido dentro de la unión aduanera y a Irlanda del Norte en el mercado único –solo para bienes–, hasta que se encuentre una solución mejor a la frontera o hasta que se cierre un pacto comercial.

El pasado lunes, el fiscal general, Geoffrey Cox –que forma parte del Gabinete– compareció ante sus señorías y reconoció que con el polémico «backstop» Reino Unido estaría «comprometido indefinidamente» con las normas aduaneras de la UE. A lo largo del fin de semana ya se había filtrado una carta donde Cox advertía a May de que Londres solo podría liberarse de la salvaguarda una vez se firmara un nuevo acuerdo comercial con el bloque, lo que podría llevar como mínimo una década, considerando que el CETA –el acuerdo relativamente sencillo entre la UE y Canadá– tardó siete años en cerrarse.

Las explicaciones no fueron suficientes para los diputados y el martes, por primera vez en la historia, la Cámara de los Comunes declaró en desacato al Gobierno de May después de que se negara hasta el último momento a entregar «toda la documentación legal» manejada durante las negociaciones del Brexit.

Al Ejecutivo no le quedó más remedio que publicar ayer todo el asesoramiento de Cox y, según la carta remitida el pasado 13 de noviembre, antes de que el acuerdo de retirada recibiese el visto bueno en la última cumbre europea, el letrado ya advertía de que Reino Unido no podría «salir legalmente» de esa salvaguarda sin un posterior acuerdo y esto podría llevar a un «estancamiento». «A pesar de afirmaciones en el Protocolo [sobre Irlanda del Norte] de que [la salvaguarda] no tiene intención de ser permanente, y de que la clara intención de las partes es que debería ser reemplazada por arreglos alternativos y permanentes, en [virtud del] Derecho Internacional, el protocolo puede perdurar de manera indefinida hasta que tenga lugar un acuerdo que lo reemplace», reza la carta.

Algunos diputados de la oposición e incluso representantes de las propias filas «tories» creen que con esta observación hay un riesgo legal de que el país quede atrapado en prolongadas y repetidas rondas de negociaciones con la UE durante las conversaciones entre Londres y Bruselas sobre la futura relación comercial y de seguridad. Si finalmente el acuerdo de retirada es ratificado en Westminster el próximo martes, algo improbable a fecha de hoy, las negociaciones sobre las futuras relaciones empezarían tras oficializarse el divorcio el 29 de marzo de 2019.

El portavoz laborista para el Brexit, Keir Starmer, afirmó que resulta «impensable» que «el Gobierno tratara de ocultar esta información al Parlamento, y ciertamente a la población, antes de la votación de la próxima semana». Por su parte, el Partido Nacionalista Escocés, que gobierna en Escocia, acusó a May de «engañar al Parlamento».

Pero las críticas más preocupantes vinieron de los norirlandeses del DUP, que no solo anunciaron que votarán en contra del acuerdo, sino que además dejan la puerta abierta a apoyar a la oposición en una eventual moción de confianza contra el Gobierno, lo que refleja que el pacto al que llegaron con el Partido Conservador tras las generales de 2017 está roto. «Mi partido se mostrará en contra de este acuerdo en base a que creemos que deja a Irlanda del Norte en una posición constitucionalmente vulnerable independiente de las garantías que nos han dado», aseveró Nigel Dodds, portavoz de esta formación en Westminster. Éste acusó a May de haber roto la promesa que realizó a la provincia para no quedar en un estatus diferente al del resto del país.

En la sesión semanal de preguntas a la jefa del Gobierno en la Cámara de los Comunes, May admitió las inquietudes que genera el «backstop», pero recalcó que a la propia UE no le gustaría que Reino Unido permanezca en la salvaguarda «más tiempo del que sea necesario». Según la «premier», uno de los motivos por los que la UE no quiere la permanencia indefinida es porque Reino Unido no tendría obligaciones financieras con el bloque y porque no aceptará el libre movimiento de personas.