El caso de Leroy Douglas, ciudadano galés condenado por el robo de un teléfono móvil, se ha convertido en un símbolo de las inconsistencias del sistema penal británico. Lo que comenzó como una sentencia mínima de dos años y medio bajo el régimen de Prisión por Protección Pública (IPP) ha derivado en más de dos décadas de encarcelamiento, sin una fecha clara de liberación.

Douglas, que actualmente permanece recluido en HMP Stocken, ha completado 36 cursos de rehabilitación, superado una adicción y mantenido una conducta ejemplar. Sin embargo, sigue privado de libertad, separado de su familia y marcado por tragedias personales como el fallecimiento de su hija. “Me robaron la mitad de mi vida”, declaró, en un testimonio que resume el impacto humano de las sentencias IPP.

Juristas como Andrew Taylor advierten que este tipo de condenas equivalen a una “cadena perpetua encubierta”, desvirtuando el principio de reinserción social que debería guiar cualquier sistema penitenciario moderno. La crítica no se limita al ámbito legal: la relatora especial de la ONU sobre la Tortura, Alice Edwards, ha señalado que estas detenciones prolongadas podrían constituir violaciones a los derechos humanos, al mantener a personas en un limbo judicial sin ruta clara hacia la libertad.

Las cifras respaldan la alarma: casos como el de Thomas White (13 años por robar un móvil) o James Lawrence (18 años tras una condena inicial de ocho meses) no son excepcionales, sino parte de una patrón estructural que ha perdido su enfoque rehabilitador.

El Ministerio de Justicia británico ha reconocido parcialmente el problema. En el último año, 602 personas con sentencias IPP han sido liberadas, y se ha reducido el período de licencia de 10 a 3 años, lo que sugiere una intención de reforma. Sin embargo, para Douglas y muchos otros, estas medidas llegan demasiado tarde.

Su deseo es simple: “empezar una segunda etapa”, reconstruir su vida, formar una familia y demostrar que la rehabilitación no es una utopía, sino una realidad posible.