Un juez anula la designación de Lula como superministro

Afirma que Rousseff ha intentado obstruir la Justicia al blindar a su antecesor con un cargo en su Gabinete. La crisis institucional se agrava mientras se preparan marchas en todo el país.

La mayor economía de América Latina avanza hacia una crisis sistémica de consecuencias impredecibles. La espiral de convulsiones políticas parece no tener fin en un país donde los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo amenazan con colisionar por las investigaciones de la «operación Lava Jato» y, en particular, por la controvertida figura de Luiz Inacio Lula da Silva, que ayer juró el cargo como ministro de la Casa Civil. Si muchos esperaban que la noticia ayer fuera el juramento de Lula como ministro, lo que le devuelve al corazón de la política en un momento de grave crisis económica en Brasil, fue un juez el que le arrebató el protagonismo al suspender de forma cautelar el nombramiento.

El magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, estimó que hubo un intento deliberado del Ejecutivo de Dilma Rousseff de obstruir el trabajo de la Justicia al atribuir a Lula el Ministerio con el objetivo de beneficiarle de fuero, por lo que ha anulado de forma cautelar la designación.

A pesar de todo, Lula ya es ministro de la Presidencia, pero no podrá ejercer las funciones de su cargo hasta que se resuelva la decisión judicial, afirmó ayer el titular de la Abogacía General de la Unión de Brasil, José Eduardo Cardozo. El Gobierno ya anunció que recurrirá la decisión en instancias judiciales superiores. Pero partidos políticos de la oposición también presentaron tres recursos ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para invalidar el nombramiento de Lula. Todo ello hace pensar que ahora el nombramiento de Lula –y su fuero privilegiado para escapar a la «operación Lava Jato» en tribunales de primera instancia– se enrocará en la Justicia.

Horas antes, Rousseff y Lula intentaron escenificar una sintonía total durante la ceremonia en la que se formalizó al ex presidente como ministro de la Casa Civil, cargo equivalente al jefe de Gabinete. Ambos llegaron juntos al salón de actos del Palacio del Planalto, sede de la presidencia, y ante un público lleno de miembros del Partido de los Trabajadores (PT) se fundieron en un abrazo. Poco después, el diputado Major Olimpio, de la oposición, rompía la armonía petista (término utilizado para los militantes o miembros del PT) con gritos de «¡vergüenza, vergüenza!».

Una muestra de la fractura política, social y hasta institucional ante la estupefacción que ha causado en Brasil la revelación de comprometidas conversaciones telefónicas de Lula, tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa contra el ex presidente en el marco de la investigación de la «operación Lava Jato» contra el ex mandatario.

En el centro de todas las sospechas está una conversación del martes 16 entre Lula y Rousseff, quien lo llama por teléfono para comunicarle que está enviando a un emisario con el documento oficial presidencial de nombramiento como ministro para utilizarlo «en caso de necesidad».

Los investigadores de la «operación Lava Jato», juristas y buena parte de la Prensa brasileña interpretan esa llamada telefónica –a la que la Policía tuvo acceso por tener pinchado el teléfono de Lula por orden judicial– como una prueba irrefutable de que el cargo de ministro para Lula es un intento de obstruir las investigaciones contra el ex sindicalista. La expresión «en caso de necesidad» de Rousseff se referiría a que Lula utilizara el documento –que le otorga fuero privilegiado– para salvarse de una eventual detención policial.

Visiblemente irritada, Rousseff rechazó públicamente ayer esa interpretación y criticó con dureza al juez Sergio Moro, convertido en héroe nacional por una parte de la población por dirigir implacablemente las investigaciones contra la trama corrupta en Petrobras. «El griterío de los golpistas no va a desplazarme del rumbo y no va a colocar a nuestro pueblo de rodillas», dijo. «No hay justicia cuando las confesiones a la Policía son hechas públicas de forma selectiva para execración de algunos investigados. No hay justicia cuando las leyes no son respetadas», aseveró Rousseff, que atribuyó a Moro los intentos de «convulsionar a la sociedad brasileña» al levantar el secreto de sumario. «Los golpes comienzan así», aseguró.

La exacerbación de la crisis política se trasladaba a las calles con nuevas manifestaciones en Sao Paulo y en Brasilia, donde grupos de partidarios y opositores se enfrentaron en leves escaramuzas que exigieron la intervención de la policía. En Sao Paulo y en Curitiba, donde Moro dirige la «operación Lava Jato», también hubo actos públicos de las asociaciones de jueces y fiscales, que condenaron los intentos intimidatorios del poder Ejecutivo. «Rechazamos con vehemencia cualquier amenaza a miembros del poder judicial. Una Justicia independiente y sin temores es la esencia del Estado democrático», dijo la Asociación de los Jueces Federales de Brasil. Las centrales obreras y los movimientos sociales simpatizantes del Gobierno han convocado para hoy una jornada de protestas en todo el país en defensa de Lula.