Colombia

Sergio Jaramillo: «Necesitaremos diez años para implementar los acuerdos de paz»

El Alto Comisionado para la Paz en Colombia pide un gran consenso político para encarar la transición.

Sergio Jaramillo: «Necesitaremos diez años para implementar los acuerdos de paz»
Sergio Jaramillo: «Necesitaremos diez años para implementar los acuerdos de paz»larazon

El Alto Comisionado para la Paz en Colombia pide un gran consenso político para encarar la transición.

El Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Sergio Jaramillo, está de visita en España, donde hoy se reunirá con Felipe González, Pedro Sánchez y Albert Rivera, después de que ayer recibiera una vez más el apoyo del Gobierno español en su encuentro con el ministro José Manuel García Margallo. Jaramillo explicó el lunes a los ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo los detalles de las conversaciones con la guerrilla y mostró su esperanza de que en los próximos meses se firme la paz tras más de cincuenta años de conflicto armado. La Comisión Europea ha creado un fondo fiduciario con 70 millones de euros para consolidar la paz en Colombia.

-¿Cree que el uribismo se sumará al gran consenso político que usted reclama?

-España puede dar una lección de cómo en un momento crucial de la Historia era necesario que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo a pesar de todas sus diferencias. Y eso es lo que tenemos que lograr en Colombia. ¿Es posible? Yo creo que sí, y sin que tengan que abandonar sus posiciones y sus críticas. Un ejemplo: hace un mes pasamos por el Congreso unas reformas a la ley de orden público para regular cómo funcionarían las zonas donde se ubicarían las FARC. Y lo que encontramos es que fue posible llegar a un consenso con el Centro Democrático. La ley fue votada por unanimidad.

-¿Pero cree que Uribe dará ese paso?

-Yo creo que sí, sin abandonar sus posiciones políticas, pero yo creo que él entiende muy bien hacia dónde van las cosas y hacia dónde va la Historia, y la importancia de su papel.

-¿Cuánto tiempo será necesario para que Colombia sea un país en paz?

-Habrá una fase muy intensa de unos diez años, con una serie de medidas de excepción para poder implementar esos acuerdos rápidamente, pero creo que nos va a llevar una generación para ver un país que cambió y que logró esa integración del territorio. La paz no ocurre, la paz se construye. Tenemos una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Va a llevar un tiempo, pero mientras más se involucren los colombianos mejores serán las posibilidades de que el país se estabilice, sobre todo las regiones afectadas por el conflicto. Hay que ser cuidadoso, no exagerar las expectativas y reconocer que lo que viene en la fase del postconflicto, la transición colombiana, va a estar lleno de sobresaltos, con el narcotráfico y la criminalidad.

-¿Qué otros obstáculos habrá tras la firma de la paz?

-Se van a necesitar grandes recursos, pero también hay un reto de capacidad de gestión de esos procesos en los territorios afectados y de involucrar mucho a la población. El otro reto es el consenso político nacional. No es sólo que las FARC se desarmen. Hay que llenar el espacio y construir un estado país en esas regiones, convertirlo en un propósito nacional.

-¿Cómo va a asegurar el Estado colombiano la integridad física de los guerrilleros tras el desarme?

-Hay que distinguir las medidas necesarias de carácter técnico de protección personal del componente político que tiene la seguridad. La desactivación de temores es muy importante para acabar con la sensación de amenazas mutuas y promover lógicas de cooperación.

-¿Hay impunidad sin cárcel para los criminales?

-Las consideraciones sobre la impunidad son distintas cuando uno está hablando de un conflicto de cincuenta años. La recomendación de la ONU en su día es que la solución más adecuada es un sistema de justicia transicional que utilice los medios de justicia para investigar los crímenes graves y a la vez utilice otros mecanismos extrajudiciales complementarios, como una comisión de la verdad, programas de reparación para responder a los derechos de las víctimas. Eso es lo que hemos hecho. Lo logrado en La Habana nunca se había hecho en una negociación de paz. Nunca una guerrilla había aceptado que los crímenes graves cometidos tienen que ser investigados y que sus responsables van a responder por ellos. Eso quiere decir que se crea un tribunal especial y quien esté dispuesto a reconocer sus delitos tendrá un tratamiento especial, no estará en la cárcel pero sí bajo unas condiciones restrictivas de libertad con un mecanismo de vigilancia internacional de verificación, cumpliendo con unas tareas con contribuyan a la reparación de las víctimas. Y quien no lo haga se expone a un juicio y terminará en la cárcel veinte años.

-¿Qué último mensaje transmitiría a la guerrilla antes de acabar las negociaciones?

-Que manden más señales a la sociedad colombiana reconociendo el daño que hicieron. Lo han hecho ya. Yo estuve presente en un acto en Bojayá, donde las FARC en un solo ataque mataron a 80 personas, en su mayoría niños y mujeres, y un hombre del Secretariado, de una manera ejemplar, reconoció la responsabilidad de las FARC.

-¿Qué cosas podría haber hecho mejor el Gobierno colombiano en la negociación con las FARC?

-Uno trata de hacer lo mejor que puede. El presidente Santos quiso que se hiciera de una manera muy planificada, por eso tuvimos seis meses de conversaciones secretas. Las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero creo que los acuerdos alcanzados son muy sólidos y exigen mucho a Colombia, pero los hemos hecho con toda la responsabilidad. Tal vez podríamos haber explicado mejor a los colombianos en qué consisten esos acuerdos y qué podemos esperar de la paz.

-¿Qué aprendió el proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia?

-Fue un logro muy importante del presidente Uribe, porque cambió mucho el país. Ahora bien, en la ejecución quedan muchas preguntas sobre la reincorporación de esas personas, porque no pocos de ellos pasaron de estar en mandos paramilitares a montar su organización criminal. También faltó una visión territorial de intervención en las regiones afectadas para que los jóvenes pudieran encontrar una forma de vida fuera del crimen organizado.