Trump sugiere que Harvard comience a pagar impuestos si no accede a sus pretensiones

La Universidad de Harvard (Massachussets) no sucumbió a las exigencias de Donald Trump y las consecuencias de su negativa no se han hecho esperar. Más de 2.200 millones de dólares en subvenciones multianuales y contratos por valor de 60 millones han sido congelados hasta nueva orden. Además, y en su estrategia de presión, dejó caer que puede perder la exención de impuestos si no accede a sus pretensiones, entre ellas poner freno a las protestas estudiantiles en contra de la guerra en la Franja de Gaza. «¿Debería Harvard, tal vez, perder su estatus de exención de impuestos y ser gravada como una entidad política si sigue promoviendo una ‘enfermedad’ inspirada en la política, la ideología y el terrorismo?», se ha preguntado en Truth Social. «Recuerden, ¡el estatus de exención de impuestos depende totalmente de actuar en favor del interés público!», insistió.

La Administración Trump ha pedido supervisar gran parte de las políticas de actuación y dirección del campus, además de participar en los procesos de contratación, pero Harvard se niega alegando que sería inconstitucional. En una carta publicada por dos de los abogados del prestigioso campus, se prometía continuar combatiendo el antisemitismo, pero dejando claro que la universidad «no está dispuesta a aceptar demandas que excedan la autoridad legal de esta o cualquier Administración». En la misma línea, se expresaba el director de la institución, Alan Garber, en una carta a los miembros de la comunidad, «ningún Gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar que pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir o contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar». «La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales», aseguró Garber en su escrito.

Entre los requisitos que demandaba la Administración Trump se incluía que la universidad modificara su proceso de selección de estudiantes extranjeros para evitar aceptar a aquellos que sean «hostiles a los valores e instituciones consagrados en la Constitución», incluyendo a los que ya estén aceptados y hayan mostrado apoyo al «terrorismo o el antisemitismo». Además, se exigía el cierre inmediato de todos los programas y políticas de DEI (el acrónimo de diversidad, equidad e inclusión).

Este último movimiento de presión forma parte de la cruzada que el Gobierno estadounidense comenzó hace semanas para garantizar, según sus portavoces, la seguridad de los estudiantes judíos en las universidades del país tras las protestas propalestinas del verano pasado. «El presidente está trabajando para que la educación superior vuelva a ser excelente, poniendo fin al antisemitismo desenfrenado y garantizando que el dinero de los contribuyentes federales no financie el apoyo de Harvard a la discriminación racial peligrosa, ni a la violencia por motivos raciales», aseguró a los medios Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca.

La Universidad de Columbia fue el primer blanco de la Administración republicana, y cuando en marzo el Gobierno suspendió una ayuda de 400 millones de dólares, el centro acabó aceptando las exigencias para recuperar los fondos. A cambio, el campus aceptó la participación gubernamental en decisiones clave como la selección del profesorado y participar en la creación de algunos programas, además de que se desplegaran agentes de la ley con potestad de llevar a cabo detenciones en un intento de aplicar mano dura ante posibles protestas propalestinas. La decisión de claudicar a las exigencias del Gobernó fue muy criticada por varios grupos de estudiantes y profesores, pero el campus tomó la decisión tras ver cómo proyectos de investigación en los que se trabajaba desde hacía décadas quedaban completamente congelados ante la falta de fondos. A pesar del acuerdo, de momento, el apoyo económico todavía no ha regresado a la Universidad de Columbia y no está claro cuando lo hará.

La semana pasada, Trump también suspendió las becas de investigación de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, por un total de 210 millones. No se ha hecho público si existen conversaciones entre la institución y el Gobierno para restaurar los fondos, pero el presidente de la Universidad, Christopher Eisgruber, dijo en una entrevista con «The New York Times» que era «esencial que protejamos la libertad académica». Lo mismo se ha vivido en la Universidad de Cornell (Nueva York). Allí la semana pasada la Administración congeló más de 1.000 millones de dólares, y otro 790 millones en fondos destinados a la Universidad Northwestern, Illinois.

Ningún campus parece librarse de la amenaza. Cuando llegó al poder, hace menos de tres meses, Trump creó un grupo de trabajo destinado a revisar los miles de millones de dólares que el Gobierno invierte en las universidades del país, entre ellos los 255 destinados a Harvard y sus filiales. La parte contraria llama a organizarse ante la ofensiva. En un editorial del diario universitario «The Harvard Crimson», se pedía unión entre los campus nacionales para «oponerse y liderar la lucha contra los ataques del Gobierno de Trump a la educación superior». Desde el centro también están trabajando en una vía legal que impida que el Gobierno atente contra la Primera Enmienda de la Constitución, que «no permite que los funcionarios gubernamentales usen su poder para silenciar a críticos y censurar los discursos que no le agradan», dijo en un comunicado el profesor de Derecho de Harvard Andrew Manuel Crespo.