¿Una Colombia sin cocaína?

La guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano dieron el viernes un nuevo paso hacia la paz al cerrar un acuerdo sobre drogas, tercero de los seis puntos que se discuten en La Habana, cuyo anuncio coincidió con la declaración de una tregua unilateral de las guerrillas (FARC y ELN) ante las elecciones presidenciales del próximo domingo. El pacto sobre el narcotráfico supone que las FARC renunciarán a cualquier relación con la producción y venta de droga e incluye la sustitución de cultivos ilícitos y un plan de salud pública para abordar el consumo de estupefacientes desde una perspectiva sanitaria. También se contempla la celebración de una conferencia internacional sobre drogas en el marco de la ONU. El Gobierno, por su parte, se compromete a perseguir a las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico.

El presidente Santos dijo tras anunciarse el acuerdo que «esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar con la guerra» en Colombia. «Hoy tenemos razones para ser más optimistas, para decir que la paz sí es posible». «¿Se imaginan una Colombia sin coca? Eso es lo que está al alcance de nuestras manos si implementamos estos acuerdos», agregó el jefe de Estado colombiano.

El anuncio de este acuerdo a tan sólo nueve días de las elecciones ha levantado recelos entre los detractores de Santos, que piensan que éste ha usado el proceso de paz de Cuba para salvar su mala campaña electoral, en la que sale perdedor en los últimos sondeos. El candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, dijo ayer que esta noticia «más bien plantea la urgencia de las FARC en impulsar la reelección» del presidente.

Christian Voelkel, analista del centro de análisis de conflictos International Crisis Group, consideró que este pacto fortalece el proceso de paz. «Si no hay un choque externo extraordinario yo creo que estamos más allá del punto de quiebre, donde ni para las FARC ni para el Gobierno hay marcha atrás».

Los puntos pendientes en la agenda son el abandono de las armas, las víctimas y el mecanismo para refrendar un acuerdo de paz global que ponga fin a un conflicto armado de medio siglo que ha dejado cientos de miles de muertos y unos cuatro millones y medio de desplazados. Anteriormente, las dos partes habían firmado acuerdos parciales sobre el tema agrario y la participación política de la guerrilla. La regla de oro en la mesa de negociaciones estipula que no valdrá ningún acuerdo parcial sobre cualquiera de los seis puntos fijados hasta que no haya un acuerdo final. En este sentido, el presidente Santos ha recordado que todo lo que se acuerde en La Habana será sometido a referéndum por el pueblo colombiano.

El asunto del narcotráfico es especialmente puntilloso puesto que las FARC siempre han negado su relación con el tráfico de droga, y sólo admiten el cobro de lo que denominan «gramaje», un «impuesto» a los productores de pasta base que se encuentran en zonas de su influencia. El Gobierno considera que las FARC tienen una participación de más del 60% en el negocio del narcotráfico en el país, cifra que coincide con el cálculo del coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien dijo el viernes a Efe que el acuerdo alcanzado tendrá un «impacto en el 70% de los cultivos ilícitos» de coca colombianos. Las zonas más cultivadas con coca son generalmente aquellas en las que las FARC tienen mayor presencia, como el Catatumbo, el Guaviare, Nariño o Putumayo.

El número dos y jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, precisó en una declaración escrita que fuera del convenio firmado han quedado «asuntos pendientes» como una nueva política criminal y la suspensión de las aspersiones aéreas con agentes químicos. Márquez, alias de Luciano Marín Arango, señaló que esas «salvedades» deberán ser resueltas antes de la firma de un acuerdo final del proceso, pero resaltó que el pacto está «acortando distancias» hacia la paz en Colombia.