Las horas contadas de Globovisión

Los autores de los crucigramas de periódicos nunca se hacen famosos. Pero Neptalí Segovia lo fue durante unos días tras ser acusado por un presentador de una televisión venezolana de incluir en uno de sus pasatiempos mensajes contrarrevolucionario porque aparecían palabras como «Adán», «asesinen» y «ráfaga». Resulta que Adán Chávez, además de gobernador del estado de Barinas, es el hermano del presidente de Venezuela. Hasta ahí podíamos llegar. «Esto huele mal. Hay signos muy fuertes que nos están diciendo por dónde van los tiros. El que no los quiera ver que no los vea, que se burle, que diga que es paranoia», comentó el conductor del programa televisivo.

El suspicaz presentador acertó con la palabra. Una «paranoia» con ribetes de ideología política parece haberse instalado entre muchos de los seguidores de Chávez y sus opositores en un ambiente de creciente hostilidad hacia los medios de comunicación críticos, independientes y de oposición a través de sanciones administrativas y amenazas. Y más ahora que el país tiene cita con las urnas para elegir gobernadores (16 de diciembre), cuando la población se enfrenta al «dilema existencial» –como lo define la diputada opositora María Corina Machado– de votar o no por el chavismo. «En estas ocasiones registramos un aumento de las agresiones a reporteros, técnicos y cámaras, y ataques a los vehículos y sedes de los medios. El mayor número se registra contra las televisiones, porque los reporteros son fácilmente identificables», explica Carlos Correa, director de Espacio Público.

El informe sobre la libertad de expresión realizado por esta ONG venezolana cuantifica más de dos mil denuncias con violaciones a la libertad de expresión entre 2002 y 2011 en el país, y alerta del aumento de los casos de agresiones físicas a periodistas por parte de las fuerzas del Estado y de «grupos de choque» para impedir el trabajo informativo.

Sin papel de periódico

El Gobierno ha propiciado el cierre de varios medios alegando razones técnicas en el caso de radios y teles y está limitando la circulación del papel con el que se hacen los periódicos. En 2007 causó gran polémica al retirar la licencia para emitir en abierto a la cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV), la más antigua del país. La «guerra informativa» del chavismo continúa contra Globovisión, el icono mediático de la contestación al régimen tras el cierre de RCTV. Este canal privado pagó en junio una multa de 2,1 millones de dólares para evitar el embargo de sus bienes. Y ello por una retransmisión en directo de un motín en la prisión de El Rodeo. «Es lamentable que nos multen por contar un suceso que difundieron todos los medios internacionales, desde la CNN hasta TVE», explica a LA RAZÓN María Fernanda Flores, vicepresidenta de Globovisión. Flores y muchos de los 450 empleados de la cadena han sufrido el hostigamiento en todas sus variantes.

«Lo más grave que nos ha pasado en estos años es el terrorismo físico», señala Flores. «Siete carros explotaron delante de nuestras instalaciones y nos han lanzado varias granadas. A nuestra compañera Carla Angola la bañaron en orina mientras hacía una entrevista en la calle y a Martha Palma la golpearon. En paralelo a las agresiones físicas están las agresiones morales. Tenemos abiertos quince procedimientos administrativos por informar. Para mí, la libertad de expresión no es sólo decir lo que quieres, sino decirlo sin tener que sufrir consecuencias dramáticas», explica la directiva de Globovisión.

Uno de los efectos de esta situación es que los periodistas del canal han llegado a salir a la calle para trabajar con chalecos antibalas. Elides Rojas, jefe de redacción de «El Universal», asegura que «la polarización social en el país es tal que los radicales se conducen igual en los dos extremos. Vale la pena aclarar –dice– que los periodistas del socialismo van a los actos de la oposición en plan de provocar y algunas veces los agreden por eso». «Corremos riesgos, hostigamientos y ataques», explica a este diario el veterano periodista Teodoro Petkoff, director de «Tal Cual», un diario de circulación nacional. «Si usted trabaja de periodista en Venezuela corre un peligro que no existe en muchos otros países. En nuestro periódico tenemos dos causas judiciales pendientes: una por mencionar el nombre de un hijo del presidente y otra por poner una foto desestabilizadora de una morgue en portada».

La foto de la morgue, en la que se veían decenas de cadáveres apilados, fue publicada inicialmente por «El Nacional». El Gobierno consideró que esta imagen dañaba a los menores y prohibió a los periódicos publicar en primera página fotos de contenido violento. Pero Petkoff se solidarizó con sus colegas y también la sacó a primera plana. El presidente editor de «El Nacional», Miguel Henrique Hotero, no ha hecho caso de la prohibición: «Esa foto reveló una situación y abrió un debate político sobre la inseguridad en Venezuela», un país con 19.000 homicidios al año, uno de los índices más altos del mundo.

El acoso a los medios que critican al Gobierno tiene por objetivo la autocensura, afirma María Fernanda, directiva de Globovisión: «En 14 años de chavismo han legislado para que exista la autocensura y el pánico. Es lo más perverso y triste que le puede pasar a un periodista». Las agresiones contra informadores y medios de comunicación quedan legitimadas por la inacción de las autoridades judiciales, dice el informe elaborado por Espacio Público, en el que también se afirma que el 63 por ciento de las violaciones a la libertad de expresión son realizadas por instituciones del Estado. El matonismo también está en los despachos.

Otro mecanismo de asfixia lenta es el incremento de la presión económica mediante multas. Alfredo Keller, director de la consultora AKSA Partners Consulting, afirma que «para el chavismo es muy mortificante tener que ver Globovisión porque descarna la realidad que vive Venezuela. No me cabe la menor duda de que cerrar este canal es el objetivo del Gobierno, pero como ya han cerrado tantas emisoras y canales, la táctica consiste en estrangular económicamente a la empresa para que vaya al cierre».

Roberto Giusti, una de las firmas más respetadas de «El Universal», explica que «a los potenciales anunciantes se les chantajea y se les prohíbe poner publicidad en medios críticos». Su colega Elides Rojas pronostica que Chávez hará todo lo posible por cerrar Globovisión en la legislatura que comienza en enero.

El informe de Provea señala que la creciente concentración de poder del Gobierno chavista obstaculiza la libertad de expresión. Todas las cadenas de radio y televisión están obligadas a ceder diez minutos diarios para emitir propaganda gubernamental, y los periodistas de medios considerados incómodos no pueden acceder a las ruedas de prensa del presidente.

En su objetivo de conseguir la «hegemonía comunicacional», en terminología chavista, el Gobierno ha promovido una red de más de 500 radios comunitarias y seis televisiones de alcance nacional. En el camino, la administración ha propiciado el cierre de 34 emisoras de radio. Uno de los programas más populares de la televisión pública es «La Hojilla», donde se despedaza a los rivales sin ningún miramiento. Su presentador Mario Silva –a quien algunos le definen como el «perro ladrador de la revolución»–, le llama «idiota» a Henrique Capriles, líder de la oposición y candidato a la presidencia en los comicios del pasado octubre. En su programa televisivo «Aló presidente», el propio Chávez insulta a los periodistas que le critican.

Como dice María Fernanda Flores, de Globovisión, «Hugo Chávez es un militar y piensa que esto es una guerra y no una campaña electoral».

El delito de opinión y la presa del comandante

En Venezuela existe el delito de opinión y puede sancionarse con pena de cárcel. En los últimos diez años, 19 periodistas han sido condenados a privación de libertad por opiniones o informaciones críticas vertidas en medios de comunicación, aunque generalmente terminaron en condenas sustitutivas. Uno de los casos más sonados fue el de Leocenis García, director del semanario satírico «Sexto poder», quien sacó en portada a siete altas funcionarias del Gobierno vestidas de cabarateras. Fue acusado de «instigación pública al odio» y «vilipendio a funcionario público» y pasó tres meses en prisión preventiva, donde llevó a cabo una huelga de hambre. «Cuando se sanciona a periodistas que opinan sobre el interés público se inhibe el debate», explica a este periódico Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, quien también explica que en Venezuela existen presos políticos, como es el caso de la magistrada María Lourdes Afiuni, detenida hace tres años por poner en libertad a un empresario. Durante su cautiverio en prisión, la jueza fue violada y sufrió un aborto en la cárcel en 2010, un dato que se ha revelado estos días en el libro «Afiuni. La presa del comandante», en el que se da cuenta de la «monstruosidad» que ha sufrido durante este tiempo la que en su día fue calificada por Chávez como «bandida».