Acoso de UGT: la Policía registra la casa de un ex empleado por revelar secretos

La caza brujas emprendida por UGT-A sube un grado más. Agentes de la unidad de delitos informáticos de la Policía Judicial se personaron ayer por la tarde en el piso que tiene en Sevilla un ex trabajador despedido por el sindicato para efectuar un registro y requisar material informático. Portaban, según pudo saber este periódico, un requerimiento del juzgado de Instrucción número 11 de la capital hispalense, tras haberse producido una denuncia de UGT-A. En dicha denuncia, acusan a este trabajador –que recientemente ganó un contencioso al sindicato al incurrir en «fraude en la contratación»– de revelación de secretos (recogido en el artículio 200 del Código Penal) y daños (recogido en el 266). La denuncia también se dirige contra Laureano Conde, el secretario general de la sección sindical de Sevilla al que el sindicato sancionó «con despido disciplinario» a principios de diciembre. El motivo de este despido era el supuesto borrado de 1.756 archivos contables. Sin embargo, este periódico desveló que la herramienta informática contable utilizada por UGT-A, el sistema Spyro, impedía cualquier tipo de borrado de documentos alojados en el servidor. UGT-A también se dirige en su denuncia a «todos los que puedan resultar responsables» a lo largo de la investigación, apuntando claramente al papel jugado por los medios de comunicación en la información de irregularidades contables.

Los agentes de la Policía se llevaron un disco duro y otro extraíble, dos memorias USB y otras dos tarjetas de memoria de una cámara fotográfica. Buscaban cualquier tipo de soporte informático que pudiera estar relacionado con las revelaciones en prensa de irregularidades contables de UGT, de las que ha dado cuenta LA RAZÓN. Uno de los últimos escándalos adelantados por este diario, los 400 relojes y 200 bolígrafos de plata para ponentes que UGT-A endosó a dos subvenciones de formación continua.

El registro comenzó a las cuatro de la tarde y se prolongó durante dos horas y media. Fue exhaustivo. Todo el piso quedó patas arriba. Hasta calcetines y calzoncillos revisaron los agentes en busca de alguna prueba informática.

UGT-A mantiene abiertos dos frentes. A Laureano Conde, que alegó sentirse «cabeza de turco», UGT-A lo acusó de eliminar 1.756 archivos contables que, como quedó demostrado, eran imposibles de borrar. Al trabajador de UGT al que ayer la Policía registró su casa, el sindicato le acusa del copiado de 22.500 archivos de la organización.

La persecución interna de UGT-A se redobló en el mes de septiembre. El sindicato encargó a la empresa Forest Digital Evidence que investigara quién había procedido a la supuesta copia de archivos contables para filtrarlos a los medios de comunicación. Se procedió al duplicado de varios discos duros para su análisis con la supervisión de un notario. El 6 de noviembre UGT dio un paso más en sus amenazas al comunicar a tres empleados, uno de ellos Laureano Conde, la apertura de expedientes disciplinarios.

Los escándalos destapados por LA RAZÓN y otros medios de comunicación están llevando al sindicato al abismo. La Junta de Andalucía, de momento, ya ha pedido la devolución de dos expedientes que se elevan a 1,8 millones de euros y tiene en carga otros 15 que superan los siete millones de euros. El sindicato puede enfrentarse a un horizonte cercano a la bancarrota.