Alaya acusó al TSJA de urdir un plan contra el interés de las macrocausas

Los roces entre la jueza Mercedes Alaya y el TSJA no son nuevos. La magistrada, que actualmente ocupa una plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, acusó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de proponer el refuerzo del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla con dos magistrados en comisión de servicio con relevación de funciones y un juez de Adscripción Territorial «sin tener el menor conocimiento de la situación actual del Juzgado ni de las macrocausas».

Así lo pone de manifiesto la magistrada en el informe que elevó el día 29 de abril al Alto Tribunal Andaluz para solicitar una comisión de servicio vinculada a las tres macrocausas que instruía: la de los ERE, los cursos de formación y los avales concedidos a empresas por la agencia IDEA.

En este informe, al que tuvo acceso Ep, la juez asevera que estas medidas de refuerzo son «inoperativas» ya que «siendo su finalidad ganar celeridad y eficacia en su tramitación, lo que lograrían es un retraso considerable en las mismas, una perturbación indeseable en su instrucción, y una innecesaria adscripción de medios seguramente necesarios en otros juzgados».

«La imagen de cuatro jueces en un solo juzgado, lejos de ofrecer un mensaje de normalidad y eficacia, traslada una imagen perturbadora, pues además no prevé el incremento de la plantilla del juzgado, a la cual puede abocarse a pedir traslado ante las distintas maneras de dirigir y de instruir», señala la jueza, que añade que «parte además de una idea errónea: la subsistencia a día de hoy de múltiples macrocausas».

En este punto, Alaya precisa que «son tres las macrocausas cuya instrucción y fase intermedia debe culminarse (...) En las tres trabajan los mismos equipos, ya reforzados, y en las tres partimos de conocimientos sobre materias complejas ya adquiridos», por lo que «dividir la dirección de estas macrocausas es sin duda retrasar, y retrasar muchísimo, por la falta de tales conocimientos y la abundancia de documentación, y por ello la comisión de servicio que solicito se refiere a las tres causas», asevera la magistrada.

A su juicio, «no debemos llevarnos a engaño», ya que «el problema no es la falta de jueces; el problema radica en que no hay funcionarios suficientes».

En su escrito, la magistrada criticaba que «ninguna comisión de servicio, ni siquiera la que ahora pido, tendrá eficacia» si no se adoptan unas «mínimas medidas de apoyo y asignación de personal». Alaya, que está pendiente de que el CGPJ decida sobre el reparto de trabajo con la actual titular después de que el TSJA le asignara los ERE y Mercasevilla, se refería en su escrito al contenido y alcance de cada macrocausa y defendía que la causa de los ERE y de los cursos de formación «necesitan para el buen fin de la investigación la continuidad que solo esta instructora puede ofrecerle». También advertía que un nuevo instructor «tardaría muchísimos meses para poder actuar con el mínimo de rigor, criterio y eficacia». Posteriormente, Alaya elevó un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que cuestionaba la capacidad de su sucesora –María Núñez– para instruir las macrocausas, así como su amistad con el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera.