Andalucía, tercera región con más pisos ocupados ilegalmente

Sevilla, Málaga, Córdoba y Almería son las provincias más afectadas por esta problemática

Andalucía se mantiene como la tercera comunidad de España con más pisos ocupados, por detrás de Madrid y Cataluña. En la región, Sevilla es la provincia con más casos, con un total de 915 el pasado año; seguida de Málaga, con 823; y Córdoba, con 742, según un estudio del Grupo VPS, multinacional líder de sistema antiocupas. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en Sevilla se han presentado 687 denuncias por usurpación frente a las 973 de 2018; en Cádiz, 366 por las 930 del año anterior; en Málaga, 678 por las 807 del ejercicio previo; y en Almería, otras 525 por las 733 de 2018.

La legislación vigente, el parque de viviendas vacías y la salida de la crisis son algunas de las razones de que se mantenga la problemática, indica el estudio. En todo el territorio, en 2018 se registró el dato más alto: 10.619 delitos y faltas por ocupaciones de inmuebles, esto es, un 5,8% más que el año anterior. La cifra recogida por el Ministerio de Interior rompe la tendencia a la baja de 2016 y 2017. En los últimos seis años, ha contabilizado 55.049 delitos por ocupaciones. En España, según VPS, existen unas 83.000 viviendas ocupadas. Sumando una estimación de casos sin denunciar, la cifra se eleva por encima de los cien mil. Por ello, han proliferado desde la irrupción de la crisis los sistemas para evitar ocupaciones, desde tapiar puertas y ventanas hasta contratar seguridad privada. VPS recalca que los sistemas antiocupas se han disparado (puertas y ventanas de acero para evitar la entrada de personas ajenas a la propiedad). Sólo en Andalucía se instalan cada semana 200 sistemas de este tipo. Andalucía es, además, la comunidad con una media mayor de condenas por ocupación, con 931 en 2018. Según Óscar Aragón, director general de VPS, las grandes capitales son las zonas más «golosas» y el perfil del ocupa ha cambiado. «El ocupa ya no es una familia sin recursos. La lacra son las mafias que proliferan en este negocio de la ocupación ilegal», señala.

Según el estudio presentado, el número de denuncias ha descendido por la desconfianza de los propietarios ante la ley. Fuster advierte del efecto llamada que puede generar la nueva Ley del desahucio exprés que entró en vigor el pasado mes de julio y cumple 11 meses «sin muchos resultados». La norma, que protege a los propietarios, excluye a las personas jurídicas, «lo que evita que bancos, cajas de ahorro y fondos buitre puedan acudir a ella».

El estudio detalla el coste de la ocupación: desde que una vivienda es ocupada hasta que es liberada de nuevo el propietario se enfrenta a unos costes que oscilan entre los 25.000 y los 30.000 euros. Dichos costes tienen en cuenta el lucro cesante durante el período en el que la vivienda está ocupada y los gastos en arreglos que de media tienen que soportar los propietarios una vez que las viviendas han sido desocupadas. Actualmente en Andalucía existen cerca de 40.000 viviendas vacías, según el último informe de VPS.