Anticorrupción acusa al PP de «enmarañar» la pieza política de los cursos de formación

Los populares piden que se reabra tras conocer que la Guardia Civil precintó dos despachos

del SAE con «expedientes archivados»

La Fiscalía Anticorrupción y el PP han chocado en un escenario: la «macrocausa» sobre los cursos de formación financiados por la Junta que instruye el juzgado número 6 de Sevilla. La primera acusa al segundo de intentar «volver a enmarañar» la pieza centrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la llamada política, a la que jueza María Núñez Bolaños dio capertazo el 11 de octubre. ¿Cómo? Con su petición de «un nuevo plazo» para replicar al auto de archivo.

El PP, personado en el proceso, presentó un recurso contra una providencia en la que la magistrada se negó a darle más tiempo para recurrir, a su vez, la resolución de archivo de este bloque hasta que le fueran entregadas las declaraciones celebradas en la causa. La representación procesal de los populares alegó que la providencia en cuestión era «nula de pleno derecho», al haber sido dictada por una jueza que tenía el «deber de abstenerse» de emitir nada, mientras no se resolviera la recusación contra ella que promovió esta parte.

La Fiscalía considera ahora «sorprendente» ese planteamiento, cuando el PP sólo presentó un «escrito confuso de recusación administrativa» para la entrega de las copias de las grabaciones que fue desestimado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Anticorrupción censura que los populares vuelvan a «enmarañar» con la demanda de más plazo para recurrir «ahora con la excusa de no tener copias de las grabaciones, trayendo de nuevo a colación una recusación fuera de toda regulación legal y que se utiliza de nuevo de manera artera para mantener vivo un procedimiento sin entrar sobre el fondo del asunto», según se asevera en un escrito consultado por LA RAZÓN. Desde esa óptica, el Ministerio Público se opone a la nulidad de la providencia solicitada por el PP-A, ya que, insiste, esa acusación «no ha recusado a la magistrada». Y eso no es todo. Muestra su reproche por que se haya usado el traspaso de las copias, «incluso» entre los medios de comunicación, «con la finalidad de confundir siempre los trámites procesales y el fondo del asunto». En ese punto añade la Fiscalía que las grabaciones no se les ha denegado «realmente», sino que lo que ocurre es que el PP dice que las que tiene están incompletas y no se ha podido comprobar este extremo, dado que «se negaron en reiteradas ocasiones a la entrega a la secretaria judicial» para su «cotejo», según afirma Anticorrupción. Ésta «no alcanza a entender la importancia» de las declaraciones de los interventores provinciales de la Junta, dado que cuando éstos comparecieron en el juzgado, los abogados del PP no ejercieron a menudo su «derecho a contradicción, siendo muy escasas las preguntas que se les formulaban».

El aludido, volvió a mover ficha ayer. El PP reclamó la reapertura de esa pieza política, tras conocer, por un escrito de la Consejería de Empleo de 7 de noviembre de 2016 suscrito por la secretaria general, María Luz Fernández Sacristán; que la Guardia Civil precintó dos despachos del SAE en los que había «expedientes archivados». Según Efe, los populares han reclamado al juzgado también que se les traslade la documentación que había en esas instalaciones.