Catering Brens reclama 8 millones a la Junta por «daños y perjuicios»

Denuncia que tras las incidencias del pasado curso hubo una «campaña de difamación» que ha arruinado la empresa

Los responsables de Catering Brens, empresa que ahora opera con una nueva marca, interpondrán una «demanda» judicial para reclamar una indemnización de 8 millones de euros por los «daños y perjuicios» derivados del conflicto en la gestión de los comedores de diferentes centros educativos de Sevilla en el curso pasado.

Las incidencias en otoño de 2016 al comenzar el curso provocaron quejas de las AMPA sobre el servicio ofrecido por esta empresa. La Consejería de Educación respondió con la apertura de cuatro expedientes a la empresa, con sanciones por un importe de 20.204 euros. La continuidad de los problemas llevó a la Administración a rescindir del contrato por «incumplimiento» a finales de noviembre. Catering Brens era la adjudicataria del servicio de comedor en más de 200 colegios de la provincia de Sevilla por un valor de 2,7 millones de euros. La empresa Aramark asumió el contrato

José Manuel Saborido, director gerente de Catering Brens, alegó entonces que su empresa había sido sometida a «excesiva fiscalización y una persecución mediática que no hay proyecto empresarial que soporte». Después de que la Consejería de Educación anunciase la «rescisión» del contrato adjudicado a Catering Brens para los citados comedores escolares, fue la empresa Aramark la que continuó prestando dicho servicio.

Un año después del conflicto, Saborido anunció esta demanda. Después de contar con tres certificados de calidad de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y ser un «referente» en el sector, la «campaña de difamación» ha dado al traste con el proyecto empresarial. «Comenzamos a perder en masa los contratos», señaló y la sociedad experimentó una drástica caída en su facturación. Las pérdidas sufridas rondan los ocho millones, cuantía que reclama a través de una demanda dirigida contra la directora de la escuela infantil El Carmen de Tomares, centro que concentró las reclamaciones, y contra la Junta de Andalucía de manera subsidiaria.

El cierre del comedor cuatro veces en apenas 15 días, a juicio de Saborido, generó «una alarma social» que por «efecto contagio» habría derivado en una «mala imagen» de la empresa en el resto de centros. Así, acusa a la directora de promover adrede diferentes acontecimientos en los que habría sido puesto en tela de juicio «el buen hacer» de la empresa. Además, esgrime un documento de la Agencia Pública de Educación según el cual la firma del contrato fue formalizada el 21 de septiembre de 2016, cuando el curso había arrancado el día 12. El propio Saborido expuso entonces a LA RAZÓN que la Junta había provocado un «caos» en el inicio del curso por este motivo.

Por último, José Manuel Saborido hizo referencia un documento de la Administración que autoriza «la cesión» a Aramark del contrato de Catering Brens, para defender que dicho contrato nunca le fue rescindido a su empresa. «La Junta nos presionó para que vendiésemos el contrato, porque en el caso contrario lo resolverían» y se incautaría de los avales, expuso el director de Catering Brens.